«Es inverosímil que en el incendio de Campanar no haya responsabilidades»

En un auto fechado este viernes, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia acuerda el sobreseimiento provisional y estima que no ha lugar a acordar la prórroga de la investigación ni a las diligencias interesadas por diferentes partes personadas en el procedimiento.

«Los desgraciados hechos de que trae causa el presente procedimiento, que tan alarma han causado en el seno de la sociedad valenciana, han sido clasificados como accidental, exento pues de un actuar humano y debido a un accidente a quien poder imputar un delito y motivo para la apertura de un procedimiento penal abreviado», señala el magistrado en una resolución que no es firme y puede ser recurrida en reforma, en un plazo de tres días, ante el mismo juzgado.

Algunas de las acusaciones ya han confirmado que así lo harán. «Queda aún mucho por averiguar, sobre todo esclarecer la verdad e intentar que esa verdad sirva para que no vuelva a repetirse. Vamos a llegar hasta donde podamos y las familias tienen una tremenda decepción. Parece ciertamente inverosímil que esto pueda pasar en el siglo XXI sin que haya responsabilidades», indica a ABC Manolo Mata, abogado de la familia de una madre y una hija fallecidas en el incendio.

Desde la Asociación de Propietarios y Afectados por el Incendio de Campanar (APROICAM), han manifestado en un comunicado su «respeto» a una decisión judicial que también estudian recurrir. «Creemos que, por respeto a las víctimas mortales que dejó este terrible suceso, y por todos los afectados, tenemos derecho a que se investigue hasta el final lo que ocurrió aquel día», aseveran, con el objetivo de «esclarecer los hechos, depurar posibles responsabilidades y contribuir a que tragedias como esta no se repitan».

El magistrado concluye que el fuego fue accidental y no se ha hallado a «ningún autor conocido o desconocido que de forma dolosa o imprudente pueda reputarse autor de un hecho delictivo que se corresponda con los hechos sucedidos». «Alguien al que, por tanto, se le pudieren imputar indicios de comisión de algunos de los delitos o sus formas del Código Penal», agrega.

Durante las diligencias practicadas no se han «vislumbrado siquiera de forma indiciaria ni existencia de delito ni de presunto autor del mismo. Los dos elementos que deben concurrir para realizar una imputación formal a una persona».

Entre ellas -divididas en tres apartados: prevención, extinción y la concreta investigación- figuran cerca de una treintena de declaraciones de testigos y el análisis de documentos incorporados a la causa. Al respecto, cita el informe elaborado por la Policía Científica que concluye que el incendio se generó de forma accidental en un único y principal foco, localizado en la parte posterior del frigorífico situado en la cocina de la vivienda número 86 de la octava planta del edificio, en la calle Poeta Rafael Alberti número 2 de Valencia. De allí se propagó rápidamente por todo el complejo.

El juez se refiere también al documento relativo a la clase de material utilizado en el revestimiento de la fachada, clasificado como M1 (combustible/no inflamable), que era «conforme con la legalidad vigente». Por tanto, apunta, «no aparece indicio de negligencia» en la actuación de técnicos privados y municipales, ni en sus suministradores o fabricantes.

Respecto a la actuación de los bomberos de Valencia -algunos de ellos resultaron heridos de gravedad- aquella fatídica tarde de febrero, el magistrado señala que se ajustaron «a los protocolos correspondientes», así como a «las realidades que iban aconteciendo con sus posibilidades».

«Pudieron llegar hasta el punto máximo de diligencia y arrojo en su misión de intento de extinción, salvamento y rescate de todas las personas que permanecían en el edificio aun cuando muy lamentablemente, y de todos los elementos y conclusiones propias de la investigación, hicieron imposible el rescate de todos ellos, con especial mención de los fallecidos, habiendo devenido humanamente imposible conseguirlo», subraya.

«En definitiva, la instrucción general de la causa no deja espacio para poder construir jurídicamente indicios mínimos para pensar y concluir, de todo lo actuado hasta el momento, algún elemento culpabilístico en los participantes y las consecuencias de la construcción del edificio de Campanar y sus terribles consecuencias, más allá de una causa accidental», concluye el magistrado.

La causa ya se archivó en marzo de 2024, a los pocos días de abrirse, tras recibir el instructor un oficio de la Policía Científica que descartaba la «etiología criminal o delictiva» del fuego y a la espera de otro informe que debía determinar el origen y las causas exactas del mismo. La Audiencia de Valencia ordenó en junio de ese año que se reabriera para realizar «una mayor investigación» y a fin de que se practicasen las diligencias necesarias para «determinar y aclarar todas las circunstancias que rodearon el siniestro».

Entre otros, el órgano provincial ha ido denegando algunas peticiones de las acusaciones, como que se imputara al jefe de bomberos de Valencia y al representante legal de la empresa fabricante del revestimiento de la fachada del edificio siniestrado, o que se incorporaran al sumario las llamadas al 112 de las víctimas mortales.

De hecho, el auto trasladado a las partes este viernes desgrana las resoluciones dictadas por la Audiencia que confirmaron en apelación las emitidas por el instructor.