José Antonio Rovira: «La imposición del valenciano ha llevado a que se hable menos»

Su nueva ley de libertad educativa, que sustituirá a la de plurilingüismo, se tramita de urgencia en las Cortes Valencianas y se espera que entre en vigor antes de que el Parlamento se vaya de vacaciones, aunque el grueso no se aplicará en los colegios e institutos hasta 2025. Rovira, con experiencia anterior en política local y regional con el PP, fue director general de Personal (2001-2007) y director territorial de Alicante (2013-2014) en la misma Conselleria que ahora dirige.

En una entrevista con ABC, este profesor universitario defiende la polémica norma y sus políticas de promoción del valenciano como lengua cooficial, al tiempo que rechaza que se estén produciendo recortes en la contratación de profesorado. También repasa algunas medidas puestas en marcha de cara al próximo curso, como el distrito único escolar, y pone el foco en su objetivo de cara al final de la legislatura: eliminar la ideología de las aulas.

—¿Cómo valora que se haya realizado una huelga educativa en sus primeros diez meses en el cargo?

—No fue una huelga educativa sino claramente política, realizada justo el día antes de comenzar la campaña electoral de las europeas. Lo único que estamos haciendo es cumplir el programa electoral con el que nos presentamos ante los valencianos y nos votaron. Yo mismo me reuní con representantes de la plataforma convocante y me pedían que retiráramos la proposición de ley de libertad educativa y el distrito único para iniciar la conversación.

—¿Ha faltado diálogo?

—Lo hemos intentado, pero es imposible cuando lo único que quieren es que siga todo como estaba antes. Los liberados sindicales han estado muchos años muy relajados y era normal que ante el gobierno del cambio hicieran esta primera huelga. Me gustaría que dijeran de dónde sacan sus datos de participación. Los nuestros son reales, aportados por cada centro: un 21,5%. Uno de cada cinco profesores estuvo de huelga.

—El profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas también está movilizado, según denuncian, ante la supresión de idiomas y posibles despidos.

—Despidos de funcionarios no va a haber porque no se les puede despedir. Puede que a lo mejor se reduzca algo el número de interinos. El año pasado, el Botànic montó una plantilla para 90.000 plazas de alumnos. Se matricularon 50.000. De las 40.000 vacías hemos reducido 8.000 y pico en un primer ajuste. Consideramos que el dinero de los ciudadanos no debe gastarse en dar clases de euskera a seis alumnos en Castellón o de japonés a dos en algunas escuelas. Hemos reducido una serie de grupos donde la demanda de estudios era prácticamente mínima: teníamos decenas con tres, dos, uno o cero alumnos.

—En cuanto al distrito único, ¿el punto que los centros otorgan en el baremo puede servir para segregar al alumnado?

—El distrito único no segrega, sino que permite la libertad de los progenitores. Me sorprende que se hable de ese punto que deciden los centros, a los que les hemos hecho unas normas para que sepan en qué lo pueden aplicar. Por ejemplo, si los padres son antiguos alumnos. En cambio, no se habla de que hemos doblado la puntuación para las rentas bajas y medias de tres puntos y medio a siete o de que hemos aumentado dos puntos para familias numerosas y monoparentales. También hemos puesto por primera vez dos puntos para dar preferencia a alumnos que estudian en un conservatorio o son deportistas de élite.

—¿En qué mejora la ley de libertad educativa al sistema de líneas anterior al plurilingüismo?

—Queremos un sistema equilibrado en el que los padres eligen la lengua base y la diferencia entre castellano y valenciano no sea superior a un 20%. Que en las zonas castellanohablantes no se les impongan asignaturas en valenciano, como hacía el anterior gobierno. No tiene sentido que a un niño de Requena le eximas de examinarse en valenciano, pero al mismo tiempo le estés dando Matemáticas o Historia en esa lengua. Y en las zonas valencianoparlantes hemos eliminado los programas de inmersión lingüística: había centros donde el 90% era valenciano y el 10% inglés, el castellano no existía.

A mí me han acusado de hacer dejadez de funciones porque, en vez de decir yo en qué idioma estudian los niños, dejo que sean los padres quienes lo hagan. Al final lo que van a decidir es si tienen un poco más de carga en un idioma o en otro. Queremos que los alumnos conozcan las dos lenguas perfectamente y les vamos a dar libertad –una palabra que a algunos no les gusta- para que, salvo en las asignaturas lingüísticas, hagan el examen en la lengua que quieran.

Vamos a cambiar la imposición por la promoción del valenciano. Los estudios de la Acadèmia Valenciana de la Llengua dicen que cada vez se habla menos entre los jóvenes. Por eso vamos a darles titulaciones conforme vayan acabando etapas hasta llegar a la más alta: quienes tengan una media de 7 en Bachillerato obtendrán el C1.

—Si decide la mayoría de padres, ¿cómo podrán hacer efectiva la libertad de la minoría restante?

—A lo largo de este curso que viene vamos a hacer encuestas a los padres para ver qué lengua eligen y acoplar las unidades, por lo que entrará en vigor el curso siguiente. El primer año costará, pero luego va a ser raro que un padre quiera que su hijo cambie de lengua base a mitad de etapa. Y si alguno quiere cambiar de centro porque no está de acuerdo con la aprobada, podrá ir al de al lado. Sabemos que puede haber algún problema en municipios pequeños con un solo centro y una línea por curso. Si de los 24 alumnos de un aula, la mitad piden valenciano y la otra mitad castellano, a lo mejor nos plantearíamos un desdoble.

—Un informe de la Universitat de València considera que la ley es regresiva para el valenciano. ¿Va en contra de su supervivencia?

—Esto lo dicen señores que pertenecen al departamento de Filología Catalana, que quieren que la enseñanza sea toda en catalán y que el castellano sea cero. Son los que inventaron la política anterior, 'modelo Cataluña', de imponer y montar líneas donde todo era en valenciano, salvo el porcentaje de inglés, que ha llevado a que los alumnos cada día lo hablen menos. El otro día leía en un medio de comunicación que los niños de Cataluña son los que menos ganas tienen de ir al colegio. A mí me preocuparía que eso pasara aquí. ¿Tendrá que ver algo el modelo de 100% catalán?

—La Justicia ha ordenado a un colegio valenciano que imparta un mínimo del 25% de clases en castellano a una alumna. Desde la Conselleria afirman que unos 200 centros no cumplen los porcentajes legales. ¿Por qué no se ha actuado?

—Estamos en ello, mandando a la Inspección Educativa a supervisar. Lógicamente haremos que se cumpla, al menos, ese 25% como están señalando los tribunales, de los planes lingüísticos que aprobaba el Consejo Escolar. Casi no nos ha dado tiempo a revisar todo el sistema. En septiembre vamos a eliminar ya los 200 programas de inmersión lingüística total que el Gobierno de Ximo Puig tenía en Infantil.

—¿Por qué han anulado el acuerdo de plantillas del anterior gobierno para la contratación progresiva de 5.000 profesores? ¿No son necesarios?

—No hay ningún recorte. Habrá todos los profesores que sean necesarios para aplicar las mismas ratios que tenía el Botànic. Ni reducimos ni aumentamos. Este acuerdo se anula porque no es legal, según la Abogacía de la Generalitat, como otras muchas cosas que hicieron estando en funciones y sin informes de disponibilidad presupuestaria, cuando sabían que habían perdido las elecciones. En ese mes y medio trabajaron más que en todo el año anterior.

No iban a meter 5.000 docentes nuevos, sino que se hacía con cargo al PAM, el plan de actuación para la mejora, que atiende otras necesidades educativas, para otorgar unas peticiones de reducciones horarias para equipos directivos. Estaría prevaricando si sigo adelante con él, por lo que vamos a negociar tranquilamente un nuevo acuerdo de plantillas. Firmaron un montón de acuerdos que yo hubiera sido incapaz de hacer. Si me ordenan que amplíe el Pla Edificant sólo a ayuntamientos que mantienen PSPV o Compromís tras las elecciones, me niego. Me habría dado vergüenza. Lo hemos tumbado también.

—¿Qué futuro le augura al Pla Edificant?

—Está en marcha y estamos trabajando constantemente con todos los ayuntamientos. El problema que tenemos es el incremento de precios que ha habido con las construcciones. El retraso que llevaba el programa ha hecho que el coste de la mayoría de proyectos que ahora se quieren poner en marcha sea superior al que en su día se preveía.

—¿Se marca algún objetivo para ir eliminando barracones?

—Me hace gracia que cuando gobierna el PP se llaman barracones y cuando gobierna la izquierda se llaman aulas prefabricadas. Estamos trabajando en acometer obras nuevas que no estaban previstas. Si continúa en el futuro, creo que Edificant debería desarrollarse en los centros de Infantil y Primaria, porque luego por ley son los ayuntamientos quienes realizan su mantenimiento, y que la Conselleria asumiera la construcción de los centros de Secundaria, conservatorios y demás, por lo mismo. El Botànic dejó todo en manos de los ayuntamientos y hay obras delegadas desde hace cinco años que el municipio, igual porque no ha tenido necesidad, no ha puesto en marcha.

—¿Seguirá también Xarxa Llibres?

—Continuará. No ha habido ni un solo recorte en la Conselleria de Educación. En todo caso, ampliaciones.

—El descenso de la natalidad tendrá impacto en las aulas. ¿Cómo se preparan para eso?

—Eso sí que nos puede ayudar, a medio plazo, a bajar algo las ratios. Es uno de los objetivos que me trazo como deseable, porque el Botànic no las tocó en ocho años y los sindicatos, metidos en sus sedes, no salieron a la calle.

—¿Puede garantizar que no se volverá a producir el caos en las adjudicaciones docentes del año pasado?

—Estamos trabajando en ello. Las oposiciones van a empezar en junio. Ellos lo dejaron todo preparado para que todo saliera mal. Retrasaron la entrega de las notas de las oposiciones a la Conselleria por parte de los tribunales. No habían preparado el sistema informático para el proceso de estabilización de funcionarios. Las notas del plan de estabilización del Ministerio llegaron a primeros de agosto. ¿Cómo iba a poder adjudicar, si aún no sé quiénes son funcionarios de carrera y quiénes quedan aún como interinos?

Se dedicaron a poner todas las bombas necesarias para que el inicio de curso fuera lo peor posible. A mí eso me dolió mucho, porque lo hicieron los mismos a los que se les llena la boca diciendo que son los defensores de la educación pública. A base de no tener apenas vacaciones en el mes de agosto, sacamos el asunto adelante. Hasta un técnico de informática que estaba jubilado vino a echar una mano.

—¿Qué medidas concretas plantea para prevenir agresiones a profesores y en materia de salud mental para el alumnado?

—Estamos desarrollando la reforma del decreto de convivencia y nos hemos adelantado en una de las medidas que recogerá, que es la prohibición del uso del móvil. Según me llega, está teniendo un aceptable éxito y los chavales hablan más entre ellos en los recreos. Además, hemos aprobado un plan de salud mental a cuatro años con un presupuesto de 760 millones de euros con la colaboración de tres consellerias: Educación, Sanidad y Servicios Sociales. El psicólogo del centro era la única medida que había y llega un momento en que no puede llegar más lejos. Hasta ahora a cualquier alumnos que pudiera tener un problema se le derivaba a la unidad de Psiquiatría. Vamos a crear unidades para niños y jóvenes, que funcionarán como hospitales de día. Es la primera vez que se hace un plan de salud mental específico para ellos.

—¿En qué punto está el prometido plan plurianual de financiación para las universidades, cuyas cuentas están estancadas desde 2009? ¿Que la ministra de Universidades, Diana Morant, sea también la líder de la oposición en la Comunidad Valenciana afecta a su relación institucional?

—Estamos negociando con las universidades y viendo como ajustarlo. Acordamos con los cinco rectores asegurar este año la misma financiación que hubo el anterior. Seguimos avanzando en el plan y creo que en unos meses lo podremos tener. El presidente Carlos Mazón tiene mucho interés. Yo le pediría a la ministra Morant que nos ayude un poco a llegar a eso, porque hasta ahora lo que hace es asfixiar al gobierno valenciano. Por ejemplo, en la LOSU, la ley nueva de universidades, han cambiado una figura de asociados indefinidos, ayudante doctor, y quieren que nosotros asumamos parte del coste, a pesar de ser la comunidad peor financiada. ¿Qué hacemos? ¿Se lo quitamos al plan de financiación plurianual? ¿Para eso nos sirve tener a una ministra valenciana en Madrid? Lo único que hace es intentar ahogarnos un poco más.

—En materia de empleo, ¿va a continuar Avalem Joves?

—Vamos a continuar con los planes y estamos en contacto con los ayuntamientos, que a veces son los que los ejecutan. El problema que tenemos es que para esto había una serie de fondos europeos que estaban previsto para equis años y el Botànic se gastó el 70% en dos. Nos han dejado la hucha muy vacía. Este Consell sigue pagando facturas en cajones de Sanidad de 2018. Con el dinero que nos queda estamos haciendo los ajustes oportunos. Queremos cambiar el enfoque porque destinaron la mayor parte de los fondos a instituciones públicas, cuando según sus propios estudios el índice de empleabilidad es tres veces superior en las empresas privadas, donde hay muchísima mayor posibilidad de continuar en el puesto de trabajo.

Y tenemos otro problema encima de la mesa. Vamos a crear una comisión de trabajo para analizar la situación de Ford y todo el parque de proveedores, en la que también queremos contar con la ayuda del Ministerio de Industria y del de Seguridad Social.

—¿Qué proyecto le gustaría ver terminado al final de la legislatura?

Quitar todo tipo de ideologías de las aulas. Es algo que no se puede cambiar en un año, pero sería mi deseo. El otro día Leire Pajín -exministra y número ocho de la lista del PSOE a las elecciones europeas- en un mitin decía que la derecha, entiendo que soy yo, queríamos quitar la memoria histórica de las clases de Historia. Y yo le digo que sí, que la quiero quitar. Pero no para volver a poner una asignatura que existía en la época de Franco denominada Formación del Espíritu Nacional, que era ideología pura. No se trata de sustituir una por otra. Ni la de ellos, ni la mía. Implantarla en la educación fue el mayor error de la izquierda. La Inspección educativa tiene que hacer ese control con las denuncias que nos hagan llegar los padres.