Jacobo, el guardia civil que inspiró una ley contra el despido por discapacidad

La ley, fruto en gran medida por el impulso de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), fue aprobada hace un mes en el Congreso de los Diputados y ahora ha entrado en vigor tras su publicación en el BOE. Así, modifica el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social para asegurar que la incapacidad permanente no pueda ser ya causa automática de despido.

De esta manera, se impondrá la obligación de valorar posibles adaptaciones del puesto o el traslado funciones compatibles, «garantizando así el derecho al empleo de quienes, pese a su nueva condición, desean y pueden seguir prestando servicio», según afirman desde la asociación de guardias civiles.

«Con el objetivo de avanzar en los principios de igualdad y no discriminación en el acceso y consolidación del empleo de las personas con discapacidad, en el plazo de doce meses, y en el marco del diálogo social y del Pacto de Toledo, el Gobierno presentará una propuesta de modificación de los regímenes del personal de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía y de las Fueras Armadas para garantizar la posibilidad de adaptar o cambiar el puesto de trabajo, en caso de incapacidad permanente absoluta, total o gran incapacidad, que será presentada como Proyecto de Ley», cita textualmente la reforma legislativa.

Una «victoria», para AUGC, que representa «años de trabajo serio y persevante en defensa y de los derechos laborales de los guardias civiles», incluyendo «gestiones políticas, propuestas legislativas, informes técnicos y la exposición constante del problema ante la opinión pública y las instituciones». La citada ley contempla además la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto durante dos años mientras se valoran los ajustes o cambios de destino, «lo que otorga seguridad jurídica y margen de maniobra a los afectados», de acuerdo con la última valoración de la entidad.

Un paso importante hacia un modelo «más justo y respetuoso» con los derechos fundamentales de los servidores públicos, inspirado por el caso de Jacobo Barchín, del que viene informando ABC desde hace años, quien pasó a retiro en octubre después de una lucha incesante «por cumplir su sueño» truncado de regresar a la Benemérita en un puesto adaptado.

A Jacobo se le denegó «injustamente» un puesto compatible en el Ministerio de Defensa «pese a estar perfectamente capacitado para seguir desempeñando tareas profesionales», según AUGC. Afirman también que la «actitud» de la Dirección General de la Guardia Civil y del propio Ministerio, «que negaron alternativas de adaptación», supuso un «ataque frontal a los derechos laborales y humanos de Jacobo», y evidenció «la necesidad urgente de un marco legal que impidiera este tipo de arbitrariedades». «Ahora, gracias a esta ley, casos como el de Jacobo no volverán a repetirse», celebran.

Jacobo Barchín, un guardia civil de 34 años natural de San Clemente (Cuenca), sufrió en diciembre de 2020 un grave accidente de bicicleta en la localidad alicantina de El Campello tras caer en una arqueta abierta sin señalizar. Un incidente que le provocó una lesión medular que le dejó en silla de ruedas. Desde entonces, ha llevado a cabo una intensa rehabilitación, tal y como ha seguido este periódico, que le ha permitido ser completamente autónomo.

Pese a su determinación para superar todos los obstáculos, el Ministerio de Defensa desestimó su recurso de reposición y lo declaró en situación de «inutilidad permanente» forzando su retiro del servicio activo. Durante todo este proceso, ha llevado su caso al Congreso de los Diputados y al Senado para buscar al apoyo político necesario para modificar la normativa y permitir que agentes con discapacidad sobrevenida puedan continuar en puestos adaptados. Ahora, queda la duda de si este importante e histórico paso hacia adelante con la aprobación de la nueva ley podrá revertir su situación y regresar a la Guardia Civil como tanto ha peleado.