Investigan el 'infierno' de vivir en una casa junto a una fábrica de alquitrán con humos nocivos, ruidos y polvo

A raíz de la denuncia de tres afectados, una juez ha citado a declarar como investigados acusados de presunta prevaricación administrativa para el próximo 28 de julio al alcalde, Rubén Alfaro, a la concejal de Urbanismo, Silvia Ibáñez (ambos del PSPV-PSOE), al administrador de la empresa Levantina de Mezclas Bituminosas SL, Andrés Navarro.

El origen de las molestias está en la proximidad de estas instalaciones a la vivienda, lo que según los residentes constituye una irregularidad porque en esa parcela del polígono industrial Campo Alto, en teoría, sólo se permite una actividad industrial menor o «pequeña», o bien servicios. En cambio, señalan cómo la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento consideró que era «peligrosa».

Después de múltiples llamadas a la Policía Local para constatar las molestias por humaredas y ruidos -de hecho, algunos agentes están llamados también a testificar en el juzgado como testigos- estos vecinos han recurrido a la vía judicial y han aportado un informe pericial de un profesor de la Universidad de Alicante.

Este experto -César Bordehore, doctor, biólogo y profesor del Departamento de Ecología- señala la necesidad del «cese de la actividad» de este empresa de evidente trabajo «nocivo e insalubre» además de contaminante «atendiendo a la existencia constatada de olores, ruidos y polvo en la vivienda, que están afectando a la salud de los vecinos -acreditada por los diferentes informes médicos aportados- y por ello a sus derechos fundamentales». Asimismo, deja constancia de las numerosas denuncias presentadas por vecinos ante el Seprona de la Guardia Civil y otras instancias públias.

Desde la Concejalía de Urbanismo Sostenible, han indicado que la planta de producción asfáltica junto al Polígono Industrial Campo Alto cuenta para su funcionamiento, tras los preceptivos informes favorables, con «todas las autorizaciones pertinentes». En concreto, «desde su puesta en marcha, la instalación dispone de la licencia ambiental y del informe de compatibilidad debidamente aprobados y conforme a la normativa legal y administrativa vigentes».

Ante la denuncia, desde el Ayuntamiento declaran «el respeto absoluto a la Justicia y la puesta a disposición de la misma para explicar el procedimiento cuando llegue el momento oportuno».

Tanto los vecinos como los responsables municipales aseguran contar con el respaldo del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, que abrió en marzo de 2024 una investigación.

Al respecto de este proceso paralelo de investigación, mientras que en el Ayuntamiento consideran «cerrado» este caso, los denunciantes aprecian todo lo contrario. En su informe, el defensor del pueblo autonómico concluye con la «recomendación» -sus resoluciones no tienen carácter vinculante- de que las autoridades locales «adopten con rapidez y determinación todas las medidas que sean necesarias para determinar la realidad de las molestias que vienen siendo denunciadas por la contaminación medioambiental».

No obstante, fuentes municipales señalan que el Síndic «acordó el cierre del expediente de queja argumentando textualmente que a la vista de los informes se aprecia que el Ayuntamiento de Elda ha aceptado las recomendaciones formuladas por esta institución y, ha actuado en consecuencia, adoptando medidas concretas para darles un cumplimiento real y efectivo y, lo que es más importante, para lograr la erradicación de las molestias».

No hay, sin embargo, constancia de ningún cambio en la actividad, ahora objeto de investigación judicial. «No han hecho nada para arreglarlo y no ha quedado más remedio que denunciar, son ya cinco años de soportarlo», ha resumido uno de los denunciantes.

«El Consistorio considera que este asunto debería dirimirse en el ámbito contencioso administrativo y no en la vía penal, ya que se trata de cuestiones eminentemente administrativas que no fueron denunciadas cuanto los técnicos municipales tramitaron la licencia de actividad de una planta que lleva en funcionamiento desde hace cuatro años y que, desde mucho tiempo atrás, era público que iba a instalarse en su actual emplazamiento», han valorado fuentes municipales.

También han puesto de relieve que en 2021, la oposición del PP respaldó igualmente esta actividad industrial.