Imputan al exalcalde de Valencia Joan Ribó por la presunta construcción ilegal de una piscina en Alboraya

Así lo había solicitado la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción, entidad liderada por la exalcaldesa de Catarroja María Ángeles López que ejerce la acusación popular en una causa que se inició en febrero, a raíz de una querella presentada por un particular contra el alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría (PSPV-PSOE), entre otros. Las instalaciones se abrieron al público en el verano de 2023, dos años después de aprobarse el proyecto.

La denuncia sostiene que este equipamiento deportivo, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, se construyó -junto a un campo de fútbol- en unos terrenos no urbanizables y agrícolas que son propiedad del Ayuntamiento, pero que están ya en término municipal de Valencia.

Se señala al consistorio de Chavarría por construir sin licencia de obras y ambiental -por lo podría haber incurrido en un delito contra la ordenación del territorio- y al de Ribó por permitirlo y no sancionarlo pese a la calificación del suelo. De hecho, Alboraya paga el IBI a Valencia por esa parcela, motivo por el que la localidad lleva décadas queriendo reestructurar sin éxito las fronteras entre ambos municipios vecinos.

En la misma jornada, el instructor tomará declaración como investigados a un arquitecto y a la concejal de Urbanismo de Alboraya, Ana Bru, aunque en el caso de esta última pide a una de las partes que aclare en concepto de qué reclama su comparecencia.

Aunque también había sido solicitada, el juez no ha aceptado la de la exvicealcaldesa de Valencia y exedil de Urbanismo Sandra Gómez, ahora eurodiputada socialista y aforada, a la espera de «lo que resulte del desarrollo de las demás diligencias de investigación en trámite».

La citada asociación -representada por Victor Soriano, abogado director del despacho Soriano i Piqueras- considera que ni ella ni Ribó iniciaron «un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística en el que se ordenara el derribo de lo ilegalmente construido».