Imponen ocho años de valenciano a familias que votaron educar en castellano

Uno de los casos más inesperados, anticipado por ABC, lo sufre la pareja formada por Paula y Carlos, que no se resignan a que su hija aprenda con una lengua que no es la suya materna. Aunque aceptarían «unos meses» o hasta el primer curso completo, la que se avecina son ocho años de escolarización en los ciclos de Infantil y Primaria. «Es una injusticia y una imposición, indignante», se lamentan. Desde la federación autonómica de familias Covapa, su presidenta, Sonia Terrero, corrobora que espera respuesta de la Generalitat a una reclamación similar, de la que no da por ahora más detalles. La asociación Hablamos Español, que asesora precisamente a la pareja del centro concertado Ave Maria de Penya-Roja, en la ciudad de Valencia, asegura que hay igualmente exclusiones, por ejemplo, en Benidorm. Desde Idiomas y Educación, Alberto Martínez matiza que la nueva ley deja «autonomía» al centro para, llegado el caso, ofertar plaza si un alumno se marcha al curso siguiente, aunque esa posibilidad parece más remota.

Los padres de esta niña, además de sus peticiones en el centro educativo, registraron incluso un recurso de alzada ante la Inspección Educativa, mensajes también a este servicio de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo para tratar de razonar su petición, sin éxito.

Aunque en marzo se pronunciaron poco más de la mitad de las familias (339.411 exactamente, el 58%), el reparto de escolarizados según aquellas preferencias ahora choca con condicionantes como la ratio y entre quienes sí optaron por una u otra lengua, algunos se quedan fuera. En el centro de la hija de Paula y Carlos hubo 30 votos por el castellano frente a 11 del valenciano y 10 abstenciones. Se han formado dos grupos -uno para cada idioma-, pero ni siquiera sumando a quienes no votaron se llegaba a completar una de las dos clases, por lo que hay varias familias a las que se ha cambiado, por sorteo.

Para esta pareja del Penya-roja, la medida resulta especialmente desesperante porque lo tuvieron en su mano, pero sin darse cuenta se equivocaron al rellenar el formulario de la votación e indicaron que residen en una «zona limítrofe» en vez de «zona de influencia», por cercanía, con lo que les «quitaron» cinco puntos en la baremación. Con la consideración correcta, tendrían la plaza asegurada en el grupo que aprenderá en castellano. «Y si me hubiera equivocado indicando que éramos una familia numerosa, eso me habría beneficiado, ¿es que no se revisan los datos?», pone como ejemplo Paula, apelando a la sinrazón de que un error puramente técnico pueda decidir un aspecto tan crucial.

Y se dieron cuenta de su error en la cumplimentación de ese dato semanas después, fuera de plazo para intentar enmendarlo, por las fiestas de Fallas, Semana Santa y el puente festivo del Primero de Mayo. Cuando el director del colegio envió la comunicación con los listados de los alumnos, cayeron en la cuenta y, además, les dijeron que no había obligación de informar, sólo de colgarlo en el tablón de anuncios del colegio.

Aquel fallo al indicar la información, lo cometió además en un momento de tensión y preocupación. «Lo tuve que rellenar cuando nuestro hijo más pequeño, un bebé de siete meses, estaba ingresado en el hospital enfermo, y en el móvil no se veía bien la web», recuerda Carlos.

Las consecuencias ahora les asustan. «Mi hija tiene tres años y la lectoescritura es de un 65% en valenciano, cuando no es su lengua materna, no sabe ni las letras, y no queremos que lo sea, más o menos otro 20% en castellano y un 15% en inglés», señala Paula. Y las pocas materias que aprenderá en castellano son Arte, Música... «nada de escribir».

Les sigue gustando este centro educativo para su hija («el colegio nos encanta»), a pesar de no encontrar solución para su elección del castellano, sin acertar a explicarse si depende del ámbito local más cercano o de la Ley de Libertad Educativa, o si «se tiran la pelota unos a otros», pero se muestran desesperanzados. «Estamos decepcionados y tristes, llevamos tres semanas dedicando mucho tiempo perdido, abogados, acabando el curso ya y sin saber qué libros y cuadernos comprar para el próximo», se lamentan.

Esta insatisfacción afecta de forma análoga a otros hogares que votaron valenciano, según ha denunciado en su web Famílies pel Valencià, que cifra en 150 los recursos de alzada. No sólo por cambio de idioma a posterior, sino también debido a errores al cumplimentar el formulario, o por mala visibilidad de la web.

Otras entidades han rechazado el proceso, como Plataforma per la Llengua (autodenominada la 'ONG del catalán') o el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV).