Caso Imelsa: las defensas de acusados en el 'Call center' piden la nulidad por las grabaciones y fallos en instrucción

Así se han pronunciado las defensas en el primer día del juicio que se celebra en la Audiencia de Valencia contra el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus, Benavent, su exsuegro y otras cuatro personas más por la pieza del 'Call center' -inicialmente eran ocho acusados pero se ha sobreseido la causa para uno de ellos por enfermedad grave-.

El primer abogado en intervenir en el procedimiento ha sido el de Marcos Benavent, quien ha reclamado la nulidad de todo el procedimiento en base a la forma en la que se originó la causa, es decir, los pendrives aportados por Rosa Pérez y Mariano López. El letrado ve en este aspecto injerencia en derechos fundamentales y otras vulneraciones.

Este argumento ha sido compartido por el resto de defensas y, en concreto, el letrado de Alfonso Rus ha añadido que la entrega de los pendrives fue «ilícita», que no hubo cadena de custodia y se ocultaron a las defensas diferentes informes. «Esto genera vulneración del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva», ha puntualizado.

Así mismo, estos dos letrados, los de Rus y Benavent, se han referido al retraso del juez instructor en declarar la causa de Imelsa compleja -con un retraso de unos seis meses- lo que a su modo de ver invalida todas las diligencias practicadas posteriormente.

Los abogados han reclamado a este respecto que se dejen fuera del procedimiento las diligencias que se practicaron una vez había caducado el plazo para declarar la causa compleja y su ampliación de la instrucción. El abogado de Benavent, además, ha impugnado la prueba obtenida del despacho del exabogado de su cliente.

Por su parte, el letrado del exsuegro de Benavent ha criticado que se ha vulnerado el derecho de su cliente a conocer la acusación que se vierte contra él. «Se abrió esta pieza hace siete años por una presunta adjudicación irregular y mi cliente no sabe qué ha hecho, cuándo, cómo y en qué momento», ha aseverado. Así mismo, ha reclamado que su representado declare al final del juicio pero el tribunal se lo ha denegado.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha rechazado las cuestiones previas planteadas por los abogados de los acusados y ha negado que a lo largo del procedimiento se haya incurrido en algún tipo de vulneración.

En relación con los audios y grabaciones, ha afirmado que «carece de sentido» cuestionar su validez y en relación con los fallos alegados en instrucción en cuanto a la prórroga del procedimiento y su declaración de complejidad, el fiscal ha negado irregularidad.

Al respecto, ha explicado que el fiscal pidió que la causa se declarase compleja en el plazo previsto en la ley, en el año 2016, y el juez instructor lo acordó en 2017, fuera de plazo, «pero tiene igual validez». Ha dicho que aunque se acordase después, no se anulan las diligencias practicadas, si no que se convalidan. No obstante, ha manifestado que todas las declaraciones de los investigados se tomaron dentro del plazo, antes de que se declarase compleja la causa, incluido a Benavent.

El tribunal, tras deliberar sobre estas cuestiones, ha decidido que resolverá en sentencia puesto que no ve motivos para hacerlo con anterioridad: «Las cuestiones planteadas deben ser estudiadas con detenimiento», ha dicho la presidenta.

En este procedimiento -la pieza D-, cuyo juicio se prolongará hasta el 5 de junio, están acusados Rus, Benavent, su exsuegro Mariano López y otras cinco personas más.

Fiscalía Anticorrupción acusa a Rus en esta ocasión de los delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y le pide ocho años de prisión; por su parte, al 'yonki del dinero' le atribuye los delitos de prevaricación y malversación también con carácter continuado y le pide cuatro años y medio de cárcel.

Los otros seis acusados en esta pieza -bien como autores directos o como cooperadores necesarios- están acusados de delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales. Entre ellos está el exsuegro de Benavent, para el que el fiscal reclama 13 años de prisión.