Las inspecciones fueron llevadas a cabo por componentes del Servicio Fiscal y de Fronteras (PAFIF) y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón. Los esfuerzos se centraron en detectar la falsificación, adulteración, venta, comercio y distribución ilegal de productos alimenticios, prácticas que además de constituir un fraude económico, suponen un riesgo para la seguridad alimentaria de la población.
Tras las intervenciones, los productos incautados fueron retirados por no cumplir con las exigencias legales establecidas por la Unión Europea. Con estas acciones, la Guardia Civil refuerza la protección de los derechos de los consumidores, asegurando que los alimentos que llegan al público sean seguros y de calidad.
Las infracciones detectadas han sido trasladadas a la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana para su tramitación conforme a la Ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición. Cabe destacar que las sanciones administrativas por este tipo de incumplimientos pueden oscilar entre los 5.000 y los 20.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.
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