La Guardia Civil pone coto a las viviendas ilegales en Alicante: sus propietarios se enfrentan a multas y demoliciones

Las actuaciones han sido llevadas a cabo por la Patrulla de Protección de la Naturaleza (PACPRONA) de Alicante, en el marco de las intervenciones que el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) desarrolla para garantizar un modelo urbanístico sostenible y equilibrado en la provincia.

La investigación se inició en octubre del año pasado, tras diversas denuncias presentadas por asociaciones vecinales y particulares, así como por irregularidades detectadas de oficio por la propia patrulla. Estas informaciones apuntaban a la existencia de numerosas infracciones urbanísticas relacionadas con parcelaciones y construcciones ilegales en las partidas alicantinas de El Moralet, El Verdegás, La Cañada del Fenollar, La Alcoraya y Fontcalent.

Durante las más de 70 inspecciones que se realizaron, los agentes comprobaron que la mayoría de los terrenos afectados eran parcelas rústicas no urbanizables y protegidas, muchas de ellas ubicadas en zonas de rambla, donde la normativa vigente prohíbe expresamente la división del terreno y cualquier tipo de construcción o edificación.

Las primeras diligencias permitieron detectar el modus operandi. Los intermediarios actuaban entre los propietarios de terrenos sin uso y los posibles compradores. En algunos casos, adquirían los terrenos para su posterior reventa, o bien mediaban en las operaciones para convencer a los compradores. Posteriormente, dividían las fincas en pequeñas parcelas, tanto de forma documental como física, con el objetivo de obtener un mayor beneficio económico.

De este modo, los compradores firmaban contratos privados de compraventa, mediante los cuales adquirían un porcentaje del terreno original, sin una ubicación concreta dentro de la parcela matriz, asumiendo así las responsabilidades legales y urbanísticas derivadas de la totalidad de la propiedad original.

Como resultado de la investigación, hasta el día de hoy se ha procedido a la investigación de 39 hombres y 25 mujeres, de entre 23 y 66 años, tres de los cuales habrían actuado como intermediarios. A todos ellos se les imputan delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y a algunos, además, delitos de falsedad documental, por alterar documentos relacionados con las operaciones de compraventa para engañar a la Administración Pública, y delitos contra la Hacienda Pública, por defraudar a dicho organismo.

De todas las investigaciones se ha dado cuenta al Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Alicante. Asimismo, las posibles infracciones urbanísticas han sido puestas en conocimiento de los organismos competentes, lo que, además de sanciones económicas, podría implicar para los titulares de las viviendas ilegales la demolición de las edificaciones y el cese de los suministros de agua, energía eléctrica, gas y telefonía, entre otras medidas.

La Guardia Civil recuerda que adquirir una vivienda construida de forma ilegal conlleva graves riesgos, como la posibilidad de tener que demolerla —con la consiguiente pérdida total del valor invertido—, sufrir daños materiales importantes (por ejemplo, a causa de inundaciones), enfrentarse a sanciones urbanísticas, padecer inseguridad jurídica por problemas en el registro de la propiedad o encontrar dificultades para acceder a servicios básicos como el suministro de agua o electricidad, entre otras consecuencias.