La Guardia Civil destapa un barrio ilegal de 'mobil homes' con 60 empadronados en Alicante: «Tenían hasta restaurante»

Un informe pericial confirmó que las aguas vertidas presentaban características contaminantes capaces de alterar de forma sustancial el equilibrio del sistema natural afectado, poniendo en riesgo la agricultura de la zona.

Ante la gravedad de los hechos, el Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA) de la Guardia Civil de Alicante puso en marcha la operación Castramar. Durante la inspección, los agentes localizaron en el recinto alrededor de 60 casas móviles instaladas en suelo no urbanizable y en zona potencialmente inundable, sin disponer de ningún tipo de licencia urbanística.

El complejo, dividido en tres calles asfaltadas, contaba con oficina de recepción, bar-restaurante, fregaderos, duchas, aseos, piscinas e instalaciones deportivas, además de las viviendas tipo mobil home, muchas de ellas con elementos añadidos como porches, terrazas o cocheras. Todas las construcciones disponían de conexión a suministros básicos (agua, luz y red de saneamiento), funcionando en la práctica como un núcleo residencial, donde se constató la residencia permanente de unas 60 personas empadronadas en la misma dirección.

El gerente del establecimiento habría empleado diversas fórmulas para prolongar la actividad, como la creación de nuevas empresas o la adquisición de terrenos colindantes para ampliar las instalaciones y aumentar su rentabilidad. Asimismo, se constató que las viviendas eran ofertadas a través de una página web gestionada por una empresa inglesa, lo que permitía captar nueva clientela de manera continuada.

Entre el presente y el pasado año, el EPRONA ha investigado a los propietarios del suelo, gestores, arrendadores y dueños de las mobil homes, siendo un total de 20 personas, de edades comprendidas entre 35 y 88 años. A todos ellos se les ha imputado un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y a dos de ellos se les ha añadido un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por su implicación en el vertido contaminante. Además, se ha dado cuenta a las autoridades competentes de graves infracciones urbanísticas, medioambientales y de seguridad detectadas durante la investigación.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Alicante, y el asunto ha sido judicializado en el Juzgado de Instrucción de Torrevieja, donde continúan las investigaciones.

De forma paralela, la autoridad municipal competente ha decretado el cierre de la actividad, actualmente pendiente de ejecución. Asimismo, se ha informado a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, organismo encargado de garantizar la legalidad urbanística y restaurar la realidad física alterada en suelo no urbanizable, conforme a la legislación vigente.