El Gobierno de Ximo Puig aprueba la tasa turística y el sector se rebela y ya pide a la oposición que la derogue

Este miércoles se ha celebrado el último debate, con pocas sorpresas: los tres grupos del Botànic (PSPV-PSOE, Compromís y Podem) se han mostrado seguros de que su propuesta saldrá adelante y los de la oposición (PPCV, Ciudadanos y Vox) han subrayado su férrea postura en contra.

Siete años han pasado desde 2015, cuando socialistas y nacionalistas, con el apoyo externo de Podem en aquel momento, barajaron por primera vez la posibilidad de implantar este impuesto. En octubre de aquel año, el Consell descartó incluir la tasa en sus presupuestos. La secretaria autonómica de Hacienda de entonces, Clara Ferrando, señalaba que no se había incluido pero que podría haber «un punto de acuerdo» en el futuro y que había «todo el tiempo del mundo para hablarlo».

Ninguno de los representantes del Ejecutivo que defendieron aquel presupuesto sigue en su puesto siete años más tarde, ni el conseller ni la secretaria autonómica ni los directores generales. Sí sigue en el cargo el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, que ha mostrado en reiteradas ocasiones su oposición a este tributo, impulsado desde Compromís y Unides Podem y finalmente aceptado por el PSPV en Les Corts. Tampoco el president, Ximo Puig, se ha mostrado partidario de la tasa en varias ocasiones, y ha defendido que no es el momento.

La propia tasa ha cambiado de forma en varias ocasiones. Al principio se preveía que fuera una propuesta que se tenía que aplicar en todo el territorio, pero ha acabado siendo de carácter municipal y voluntario. En varias ocasiones se planteó como una enmienda a la ley de acompañamiento, pero finalmente sale adelante con rango de ley.

Tras mucho debate y muchas idas y venidas entre los socios del Botànic, la tasa se debate por última vez en Corts este miércoles. La síndica del PSPV, Ana Barceló, ha señalado que no habrá «ningún tipo de problema» para aprobarla en los términos previstos: con las cuantías previstas para cada establecimiento (lo máximo serán dos euros por noche en hoteles de lujo y lo mínimo, cincuenta céntimos para cámpings) y con una moratoria de un año.

«Esta nueva figura fiscal es inoportuna, injusta y demoniza al sector que está llamado a mantener la actividad económica en los próximos años», han valorado desde la agrupación empresarial autonómica Hosbec.

«La industria hotelera valenciana pierde competitividad respecto a otros destinos en todos los segmentos: vacacional, urbano, negocios e incluso el turismo de interior», han subrayado, acerca de su repercusión.

Los empresarios hoteleros y turísticos instan al PSPV a que vote en contra de la proposición de ley por varios motivos. «Es un impuesto que agrava todavía más la presión fiscal de los valencianos, una de las más altas de España, y que van a pagar un 30% de los turistas que proceden de la propia Comunitat», señalan, en primer lugar..

«Es un impuesto inoportuno que viene a castigar todavía más a empresas que no han superado aún los efectos de la crisis del Covid y que está inmersa en una compleja situación económica derivada de la inflación y de los incrementos de costes energéticos y de alimentación que forman parte básica de su prestación de servicios», añaden.

Asimismo, consideran que «este castigo, además, se amplía a los consumidores que eligen la Comunitat Valenciana como destino de su preferencia, que también sufren los efectos de los incrementos de la cesta de la compra».

Los hoteleros de Hosbec ponen el acento en que «el turismo es el sector que está llamado a sostener y tejer la red de seguridad de la economía valenciana en los próximos años como ya lo hizo en crisis anteriores. Ante una grave crisis industrial y de las empresas tecnológicas, el turismo y todo su efecto arrastre será la actividad que contribuya decisivamente al empleo, ingresos y contribución al PIB». Y en este contexto, «un nuevo impuesto que demonice la actividad turística puede comprometer todo nuestro futuro».

Ni ciudades como Málaga, Sevilla, Madrid, Bilbao, Zaragoza, Santiago... ni Canarias, ni Murcia ni la costa andaluza... ni zonas de interior de Cuenca, Teruel, Albacete y Murcia «van a castigar a sus turistas y visitantes con un impuesto a adicional a los que ya pagan».

En cambio, la 'tasa turística' va a «premiar al turismo menos sostenible: al no regulado y que no crea empleo, y todo el que se desarrolla en torno a la economía sumergida», advierten desde esta asociación empresarial, en alusión a las exclusiones de quienes no van a pagar tasa alguna..

Finalmente, hacen énfasis en que no se ha requerido ni informe del Consejo Jurídico Consultivo ni informe del Consejo Económico y Social, ante el más que posible pronunciamiento en contra de esta norma.

Por eso, sus servicios jurídicos van a estudiar la impugnación de esta norma ante los tribunales, ya que un impuesto bonificado al 100% es un impuesto claramente innecesario que no debería siquiera pasar de la fase de documento borrador. Si se desea crear un impuesto de carácter municipal, como se ha vendido, hay que hacerlo a través de una modificación de la Ley de Haciendas Locales, puntualizan.

«Ningún municipio más allá de Valencia ha solicitado o se ha manifestado favorable a aplicar el recargo de esta nueva figura impositiva, siendo además Valencia uno de los municipios más favorecidos por los fondos Next Generation que tiene que gestionar en los próximos meses precisamente en estrategias de sostenibilidad y por mayor cuantía que la recaudación de la 'tasa'», han enfatizado.

Hosbec solicitará a todos los partidos políticos que incluyan en sus próximos programas electorales la derogación de esta norma antes de su entrada en vigor que está prevista para 1 de enero de 2024.

Por último, solicitan al presidente Ximo Puig que mantenga a Francesc Colomer en su cargo de secretario autonómico de Turismo, para poder coordinar y monitorizar los efectos de la aprobación de este nuevo impuesto en la imagen turística de la Comunitat Valenciana en los diferentes mercados y poder tomar las medidas legislativas necesarias de reforma o supresión, que serán necesarias.

Tanto en las Cortes Valencianas como en el Consell, ha sido la parte socialista la que más dudas ha tenido al respecto de esta tasa. En 2021, el síndic socialista en aquel entonces, Manolo Mata, propició que la tasa se debatiera como una proposición de ley (que es la que se aprueba hoy) y que tuviera un año de moratoria ante la situación del sector tras la pandemia.

En julio de este año, la actual síndica, Ana Barceló, dejó durante unos días en el aire el apoyo de su grupo a la tramitación de la tasa y convocó a los ayuntamientos socialistas para tener en cuenta su opinión respecto de aplicarla o no. Finalmente, los socialistas votaron a favor, aunque advirtieron que sus consistorios no la aplicarían.

En declaraciones previas al pleno de este miércoles, la síndica de Compromís, Papi Robles, ha puesto como ejemplo de diálogo en el Botànic la tasa turística, que finalmente se aprueba. Refiriéndose a los desacuerdos actuales entre los miembros en materia renovables, ha afirmado que no llegan a pactos «todo lo rápido» que le gustaría. No obstante, preguntada si cree que el debate de renovables se eternizará como el de la tasa, ha asegurado que se resolverá en los próximos días.

Por parte de Unides Podem, Ferran Martínez ha celebrado la aprobación del nuevo impuesto, que está convencido que será «provechoso», y ha lamentado los argumentos «muy débiles» que han aportado los tres grupos de la oposición (PP, Cs y Vox) al respecto.

En frente, PP, Ciudadanos y Vox han insistido en su rechazo a la tasa. María José Catalá (PP) ha defendido que no hay consenso con el sector y que este impuesto no debería haberse planteado nunca; Ruth Merino (Cs) ha considerado que la tasa es una «puñalada trapera» al turismo y que nace de la «turismofobia«» y Ana María Cerdán (Vox) ha aseverado que el impuesto tiene «afán recaudatorio».