El Gobierno valenciano reclama a Sánchez que resuelva las diferencias entre Díaz y Calviño por el subsidio del paro

Galvañ ha realizado estas declaraciones tras conocer a través de los medios de comunicación que el Gobierno baraja en la futura ley de Empleo dos opciones opuestas, que pasan por su reducción de manera progresiva, realizada por el Ministerio de Economía, y por su ampliación, propuesta por la líder de Sumar.

«Es sorprendente que nos hayamos encontrado en menos de veinticuatro horas con dos reformas completamente contrapuestas que vienen de un mismo órgano colegiado», ha declarado el director general de Labora, que ha pedido al Gobierno que aclare qué va a hacer con los seguros de desempleo.

Para Galvañ, el subsidio por desempleo (la prestación que cobran las personas en paro cuando agotan la prestación contributiva) es un tema «lo suficiente sensible y vital para las personas que se encuentran en una situación delicada» como para que los diferentes miembros del Gobierno «se dediquen a torpedearse haciendo la guerra».

«Las personas desempleadas no merecen esto», ha indicado el dirigente, que ha añadido que en el contexto económico en el que se encuentra España es «precisamente la confianza, la seguridad y la certidumbre para poder avanzar lo que se necesita».

El secretario autonómico de Empleo ha señalado, no obstante, que el Gobierno encontrará en el Consell, a través de Labora, a un aliado, siempre y cuando planteen reformas que redunden en el beneficio de las personas desempleadas, pero siempre realizadas buscando su eficacia y su inserción real en el mercado de trabajo.

Para el Gobierno valenciano, el seguro de desempleo tiene dos funciones: por una, prestar una cobertura en una situación en que una persona se ha quedado sin puesto de trabajo y necesita una serie de recursos, pero fundamentalmente esos recursos tienen que ir destinados a la búsqueda activa de empleo. «Si esta persona tiene un GAP de formación, por ejemplo, estos recursos que le proporciona la prestación tienen que servir para que pueda adquirir competencias que le permitan insertarse en el mercado laboral», ha señalado.

El director de Labora ha solicitado una mejor coordinación entre los servicios públicos de empleo para, entre todos «ser más eficaces y diseñar políticas de empleo que realmente consigan rebajar la tasa de desempleo». «Si no diseñamos una formación que realmente mejore la empleabilidad de las personas, unas acciones de fomento de empleo que garanticen que las empresas tengan la ayuda necesaria para transformar a una persona desempleada en una persona activa y productiva y que pueda prolongar su vida laboral hasta el final de su carrera productiva no estaremos siendo eficaces con los fondos públicos», ha finalizado.

Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha convocado para el lunes a las 16.00 horas a los agentes sociales para abordar la reforma del subsidio por desempleo, el último de los hitos del componente 23 del Plan de Recuperación que a España le queda por cumplir, según han informado fuentes de la negociación.

La reforma del nivel asistencial por desempleo ha generado en los últimos días tensiones entre los Ministerios Díaz y de Calviño ante la intención de Economía, según fuentes de Trabajo, de recortar la duración del subsidio de 30 a 12 meses y de mermar su cuantía hasta una media de 442 euros en el único año en que se percibiría, frente a los 480 euros al mes actuales.

La vicepresidenta Díaz ha advertido al Ministerio de Economía de que no aceptaría recortes y de que esta reforma es competencia suya, a lo que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, replicó ayer que «todas las reformas estructurales, como es el caso del subsidio por desempleo, »competen al conjunto del Gobierno».

Por su parte, el Ministerio de Trabajo quiere que el subsidio por desempleo, actualmente de 480 euros mensuales, el equivalente al 80% del Iprem, eleve su cuantía a 660 euros durante los primeros seis meses de percepción (110% del Iprem) y a 540 euros mensuales en los seis meses siguientes (90% del Iprem) para después recuperar el 80% del Iprem hasta su extinción, que se mantiene en un tope de 30 meses, según fuentes del Departamento que lidera Díaz.