El Gobierno rodea de placas solares dos parques naturales para desalar más en Torrevieja y así recortar el trasvase Tajo-Segura

Incluso el alcalde socialista de San Miguel de Salinas, Juan de Dios Fresneda, se ha puesto al frente de las pancartas de unos tres mil vecinos que han protestado esta semana contra el proyecto energético que, además de transformarles el paisaje, deja sin actividad agrícola cultivos que proporcionan ingresos a muchas familias.

Asociaciones ecologistas ya han alertado de que este auténtico bosque de placas solares se instalará en el corredor entre ambos espacios naturales protegidos y ya anunciaron su intención de presentar alegaciones en contra.

«Siguiendo con el desatino del Ministerio, en la desaladora de Torrevieja han planteado una planta fotovoltaica de 70 megavatios para abaratar la factura eléctrica del agua desalada», ha criticado también el presidente de Asaja-Alicante, José Vicente Andreu. «La plantean como autoconsumo, es decir, la energía directa de la planta fotovoltaica a la desaladora, y necesitan 200 hectáreas de terreno para poder hacer la instalación, en un radio de dos kilómetros desde la planta desaladora, cuestión imposible, pues la planta está en el centro de Torrevieja», añade.

Ante estas limitaciones geográficas, porque «lógicamente no existen 200 hectáreas de terreno, si no se destruye media Torrevieja, han ampliado el radio a siete kilómetros, como medida excepcional, y así evitan los terrenos protegidos del parque natural», detalla el portavoz de esta organización de agricultores.

En consecuencia, al final es este sector económico quien acaba pagando el pato, no sólo con recortes al trasvase Tajo-Segura. «Sólo quedan terrenos de gran valor agrícola de San Miguel de Salinas y quieren expropiar el 20% del suelo agrario de ese municipio y dejar sin tierra a unos cien agricultores, los únicos pequeños productores de esa localidad», denuncia Andreu, quien concluye que se trata de «una auténtica barbaridad, un disparate».

De ahí el malestar y la manifestación multitudinaria de unos tres millares de personas en un municipio con 5.800 habitantes, ya que aparte de los propios campesinos, afecta a residentes en algunas urbanizaciones y hay solidaridad generalizada de los vecinos de la zona.