El Gobierno de Mazón da luz verde a una nueva rebaja fiscal a expensas de su aprobación en las Cortes Valencianas

La conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos, que salió a exposición pública el pasado 27 de septiembre, permite duplicar y hasta triplicar las deducciones fiscales previstas en el tramo autonómico del IRPF por nacimientos, adopciones y acogimiento familiar al elevar la cuantía en función de las cargas familiares.

En su conjunto, el paquete de medidas fiscales previstas en este apartado, destinado a favorecer a rentas medias y bajas, beneficiará a unas 41.900 personas con un ahorro global cuantificado en 10 millones de euros para límites de renta de 30.000 euros anuales en las declaraciones individuales y de 47.000 euros en las conjuntas.

Gracias a estas medidas, los actuales importes de la deducción por nacimiento o adopción pasarán de los 300 euros actuales a los 600 euros, si se trata del primer hijo o hija; 750 euros, en el caso del segundo o segunda, y 900 euros, en el supuesto del tercero o tercera y sucesivos. La ampliación de los importes supondrá un ahorro de 9,73 millones de euros y se estima que pueda beneficiar a 40.000 personas.

Asimismo, estas mismas mejoras se trasladarán a la deducción por acogimiento familiar, cualquiera que sea su régimen, de manera que se incluirá también la guarda con fines de adopción, lo que permitirá aumentar el número de personas beneficiarias. En este caso, se estima que se beneficien de la medida casi 1.300 contribuyentes con un ahorro de unos 216.300 euros.

Además, las familias acogedoras también disfrutarán de otras deducciones del tramo autonómico del IRPF que hasta ahora estaban limitadas a otras modalidades de familia. En concreto, se podrán beneficiar de la deducción por nacimiento o adopción de una persona con discapacidad; la deducción por custodia no ocasional en guarderías y centros de primer ciclo de educación infantil de menores de 3 años; la deducción por conciliación del trabajo con la vida familiar y la deducción por adquisición de material escolar. En este caso, el impacto estimado es de 48.423 euros para alrededor 600 contribuyentes.

La deducción autonómica por nacimiento o adopción es la tercera deducción autonómica más aplicada (41.295), por detrás de la de arrendamiento de la vivienda habitual (89.099) y la de contribuyentes con dos o más descendientes (42.782), según los datos que se disponen sobre la declaración del IRPF de 2022.

Con el objetivo de respaldar al sector pesquero, que ha sufrido de forma especial el alza de precios mientras el volumen de capturas ha caído, se han eliminado dos tasas que gravan al sector en la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Tarifas Portuarias. En este sentido se contempla en el texto legislativo la bonificación de la totalidad de la tarifa 'G-4: Servicios a la pesca fresca y acuicultura marina', así como la exención del pago de la tarifa 'G-2 buques' para estancias en los puertos autonómicos. Con estas medidas se benefician 15 confradías con un total de 377 buques de pesca con base en los puertos de la Generalitat, con un impacto económico de casi 824.000 euros.

El objetivo del Consell es apoyar al sector pesquero, afectado por un incremento sostenido de costes que afectan a su competitividad. Además, el Reglamento de la UE fija actualmente en un máximo de 180 los días de pesca al año.

La Ley de Medidas Fiscales también incorpora como novedad una rebaja fiscal del 60 % para a las adquisiciones de parcelas con vocación agraria efectuadas por titulares de una explotación agrícola registrada que no cumplan los requisitos para ser consideradas personas agricultoras profesionales.

Para ello, se reduce del 10 % al 4 % el tipo que grava estas operaciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, todo ello con el fin de fomentar el relevo generacional, la incorporación de nuevas personas a la agricultura y la competitividad. Se prevé que esta medida tenga un impacto económico de 2,6 millones de euros.

Además, los proyectos de interés autonómico (PIA) definidos por el nuevo Decreto Ley de Simplificación Administrativa tendrán una bonificación específica del 50 % del impuesto correspondiente a los actos jurídicos documentados, entre otras medidas de estímulo. Se busca así reforzar la atracción de grandes inversiones en atención al indudable potencial que tienen estas iniciativas para el desarrollo y modernización del tejido productivo de la Comunitat Valenciana.

Por otro lado, se mantiene en 2025 la congelación del canon del agua vigente en 2024. El número de personas abonadas está en torno a los tres millones.

En el área de la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, se modifica la Ley 3/2019, de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana para dar un paso más en la mejora continua de los propios servicios sociales, al introducir la posibilidad de que las entidades locales puedan proveer y gestionar los servicios sociales de atención secundaria, siempre que esté asegurada la coordinación con el Ejecutivo autonómico para garantizar la correcta y eficaz prestación de los servicios. De esta forma, se elimina la imposibilidad material de gestión, favoreciendo así la creación de plazas residenciales de titularidad municipal y la descentralización del servicio, con el impacto directo que esto tiene en la reducción de las listas de espera y en que las personas no se tengan que alejar de su entorno por no tener recursos de atención secundaria en su municipio.

Asimismo, se incorpora una modificación en la Ley 19/2017, de la Renta Valenciana de Inclusión, para ampliar la forma de abono de la prestación económica, de forma que además de realizarse a través de ingreso en cuenta, también se pueda hacer a través de medios prepago, con lo que se ofrece cobertura a personas vulnerables que, a día de hoy, sufren la brecha financiera.

En el ámbito de competencias de Justicia e Interior, se adscribe a esta Conselleria la Unidad Valenciana de la Concordia, prevista en la Ley 5/2024, de Concordia en la Comunitat Valenciana. Esta se configura, por tanto, como un departamento de la Generalitat adscrito a la conselleria competente en materia de concordia que gozará de autonomía funcional. También se llevará a cabo un catálogo de vestigios con personas expertas de las conselleries competentes en protección del patrimonio cultural y de concordia.

Asimismo, se realizan diversas modificaciones en la Ley 14/2010, de 3 de diciembre de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, entre las que figura la introducción de un supuesto en el régimen sancionador consistente en la obligación de la devolución del importe de las entradas ante la suspensión de un espectáculo (festival) sin causa justificada.

En el ámbito sanitario se incorpora la modificación el anexo IV de la Ley 4/2021 de Función Pública Valenciana, con la finalidad de crear un nuevo cuerpo de Administración Especial de Tecnología Sanitaria dentro del grupo profesional A1, en el que se incluiría un total de cinco escalas: Científico/a de datos, Ingeniería de organización, Biotecnólogo/a, Ingeniería Biomédica e Ingeniería Informática.

Este cambio es necesario para poder incorporar este nuevo perfil profesional a las plantillas, dado los avances científicos y tecnológicos, las nuevas dinámicas de trabajo derivadas de la digitalización y el rediseño de los servicios públicos de salud que están teniendo lugar. Con ello, se da respuesta a la necesidad de actualizar los puestos de trabajo a nuevas necesidades asistenciales mucho más centradas actualmente en la gestión de datos y la mejora de la eficiencia.

Al margen de las medidas de carácter tributario para ayudar al sector agrario, pero también en relación con el área de Agricultura, la Ley de Acompañamiento realiza una modificación en la Ley 5/2019, de Estructuras Agrarias, con el objetivo de facilitar los procesos que conlleven una mejora en las estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana.

Por un lado, en los proyectos de reestructuración parcelaria, se abre la posibilidad a que dichos proyectos sean iniciados también por entidades locales o por corporaciones de derecho público (comunidades de regantes) y no solo por propietarios de las parcelas, que es lo que indica el actual articulado.

Y, por el otro lado, para acometer determinadas obras de infraestructuras agrarias, para las cuales es preceptivo, según la actual ley, la declaración de obras de interés general agrario, se autoriza a la conselleria con competencias en Agricultura a declararlas expresamente, mediante una norma con rango de ley, como obras de interés general y que dicha declaración lleve implícita la declaración de utilidad pública y de urgencia a los efectos de la ley de expropiación forzosa.

Se introduce igualmente una modificación en la actual regulación de la cadena alimentaria relacionada con el procedimiento sancionador en contratación y prácticas comerciales. Esta modificación permitirá que la persona competente de la Dirección General con funciones en la cadena alimentaria pueda incoar expedientes sancionadores y designar al funcionariado instructor. Es una medida necesaria para aplicar en la Comunitat Valenciana lo establecido en la Ley 12/2013 de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, y algo muy demandado por el sector agrario.

Por otra parte, en el área de Medio Ambiente, se efectúa un cambio de la Ley 5/2018, de la Huerta de València con la que se pretende eliminar el plazo que se impuso para desarrollar enclaves de recuperación de la huerta. En este sentido, se ha constatado que esta ley no ha cumplido los objetivos marcados, ya que los ayuntamientos tan solo han presentado tres propuestas que no han prosperado. La modificación suprime los plazos de que disponían los ayuntamientos, de forma que se permite que se presenten nuevas propuestas para instar la declaración de enclaves de recuperación de la huerta, así como que las que se presentaron fuera de plazo puedan prosperar. También se busca eximir razonadamente de las limitaciones impuestas con carácter general que impidan o dificulten gravemente la declaración de enclaves de recuperación.

Dentro del área de Innovación, Industria y Comercio, se realizan cambios en la Ley 1/2017, por la cual se crea la Agencia Valenciana de la Innovación y la Ley 9/2019, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat con los que se da el primer paso para la integración del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace) y la antigua Agencia Valenciana de la Innovación (AVI).

De este modo, Ivace+i Industria tendrá las competencias en industria, emprendimiento, internacionalización y energía e Ivace+i Innovación asume todas las competencias de innovación. Desde inicio de legislatura se cifra en 500.000 euros al año el ahorro que se consigue con una reestructuración que suprime argos intermedios.

También se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias de la Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo 1/2019, de 13 de diciembre, para incrementar las sanciones hasta un millón de euros para productos que no cubran las garantías mínimas de seguridad. El objetivo es proteger a las personas consumidoras y luchar contra la competencia desleal de países no miembros de la Unión Europea con productos piratas.

Finalmente, se cambia la Ley 14/2018, de 5 de junio, de la Generalitat, de Gestión, Modernización y Promoción de las Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana, introduciendo cambios dirigidos a simplificar la constitución de las entidades de gestión y modernización, tanto en los procedimientos y los requisitos de constitución como con la posibilidad de facilitar la elección de una junta directiva.