El Gobierno de Mazón cierra filas ante Sánchez para no perder «ni una milésima de céntimo» en la quita de la deuda

En base a esos pactos con el independentismo catalán para la investidura de Pedro Sánchez, el Estado condonará unos 15.000 millones de euros a los catalanes, un 20% del déficit que se generó durante la crisis del 2008. Una medida ante la que Vox se ha posicionado públicamente en contra.

No obstante, preguntado por los medios este miércoles tras un acto sobre municipalismo de la SER, Mazón ha asegurado que no tiene constancia de que ningún representante de este partido haya mostrado su disconformidad al respecto. «Sí tengo claro que el Consell al pleno va a defender sus derechos en cualquier foro, de cualquier manera, y que no vamos a permitir ser menos, ni una milésima de céntimo menos que nadie. Esto lo puedo garantizar», ha recalcado.

El jefe del Consell se adhería este martes a la solicitud de otros territorios gobernados por el PP de convocar de forma urgente la Conferencia de Presidentes en el Senado para que Pedro Sánchez dé cuenta del «alcance y los efectos de los acuerdos asumidos» para seguir en la Moncloa.

En paralelo, distintos dirigentes de Vox -entre ellos su líder, Santiago Abascal- han refrendado su oposición, a cuenta de una entrevista en ABC de la consejera de Economía de la Junta de Andalucía, Carolina España, en la que exigía una quita de 17.800 millones de euros al Gobierno central para, junto a la valenciana, una de las autonomías más infrafinanciadas.

Abascal pidió al PP que desautorizara estas declaraciones: «Vamos a pedir en los parlamentos regionales que se denuncie a quienes pretenden negociar con la igualdad de los españoles». A esas críticas se sumaba la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, en la línea de lo publicado por el líder de su partido en X -antes Twitter-: «A Moreno Bonilla le preocupa el '¿Qué hay de lo mío?' Le importa un carajo lo que le pase a España. No tiene vergüenza».

Por otra parte, Carlos Mazón ha señalado que el ejecutivo que preside se está «armando jurídicamente» para decidir si presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía -un «salvaje atentado al principio de legalidad»-, con el objetivo de «tener el mayor nivel de garantías». La Abogacía de la Generalitat todavía está estudiando la posibilidad de presentar ese recurso ante el Tribunal Constitucional.

El barón del PP ha apuntado que los valencianos que han participado en las manifestaciones convocadas por la formación «están diciendo cuál es la referencia moral, social y legal» en las calles y se encargará de que lo puedan seguir haciendo «en libertad, sin ningún tipo de cortapisas».

En ese sentido, y pese a las reclamaciones de sus socios de Vox, la vicepresidenta segunda del Consell, Susana Camarero, ya confirmó este martes que en el seno del Ejecutivo regional «no hay un debate abierto» sobre la convocatoria de acciones institucionales contra la amnistía a los encausados del 'procés', pues es algo que «deciden los partidos».

Precisamente este miércoles, el Ayuntamiento de Valencia ha rechazado «categóricamente», con el apoyo del Gobierno que forman PP y Vox, los pactos alcanzados para hacer efectiva la investidura de Sánchez y la ley de amnistía. Tanto PSPV como Compromís, los dos grupos de la oposición, han considerado que el pleno extraordinario celebrado -a propuesta de la alcaldesa, la popular María José Catalá- para manifestar esa posición era «innecesario» y una «pérdida de tiempo» y han emplazado al Ejecutivo local a asumir el acuerdo para la investidura.