El Gobierno fija un precio del agua desalada que triplica el del trasvase Tajo-Segura y asfixiará a los regantes

Sobre todo, porque esta tarifa se ha ajustado gracias a la subvención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), de momento hasta 2026, aunque desde el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), su presidente, Lucas Jiménez, se ha mostrado escéptico con la continuidad de esa financiación pública para amortiguar el impacto en el campo.

En principio, en el texto de este nuevo reglamento queda recogido que se pueden prorrogar esas ayudas diez años, tal como se prometió a los agricultores. Una condición crucial ante la perspectiva del recorte a los trasvases a la mitad con el horizonte de 2027, ya que sin subvencionar, calculan que ese coste se dispararía hasta más de 1,30 euros el metro cúbico.

Técnicamente, se establece una «excepción temporal y parcial al principio de recuperación de costes al que se refiere el artículo de la Ley de Aguas, para el aprovechamiento de recursos hídricos procedentes de desalinizadoras de agua de mar en la Cuenca Hidrográfica del Segura, en la provincia de Almería y en la conducción Júcar-Vinalopó».

De esta manera, la orden ministerial financiará parcialmente el coste del agua desalada, aplicable a las plantas en Valdelentisco, Torrevieja -la más grande de Europa-, Águilas, Carboneras y Campo de Dalias, así como a Júcar Vinalopó.

Esa ayuda se concede con efectos retroactivos al 1 de enero de 2023 y con vigencia hasta 2026.

«Las aguas desalinizadas en el sureste español son un recurso clave debido, por una parte, a la escasez estructural de recursos que hay en esta zona y, por otra, a la elevada garantía de la que disponen estos recursos», han subrayado desde el Ministerio en un comunicado.

Asimismo, el departamento de la vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera reconoce que «el coste energético ha crecido de manera desmesurada de forma que el coste del agua producida no es asequible para el uso de riego», tal como se han venido quejando los regantes desde que se plantea la desalación como alternativa a los trasvases.

Como medida para paliarlo, en el Ministerio anuncian obras: «En este contexto, se prevé la construcción de unas plantas solares fotovoltaicas ligadas a las desaladoras de riego y a la conducción Júcar-Vinalopó que permitan reducir el coste energético a medio y largo plazo».

Además, se prevé la aprobación de un 'Plan de choque de optimización de recursos hídricos en la cuenca mediterránea' que fomentará la utilización de recursos no convencionales, posibilitando el uso del agua procedente de desaladoras o de «otras conducciones de la Administración General del Estado ya construidas mediante la ejecución de las obras y actuaciones que posibiliten que el precio del agua para riego no exceda de la capacidad económica de los usuarios».