El Gobierno extiende las medidas por la sequía a la demarcación del Turia mientras en otras zonas ya alertan de las pérdidas

Tras el encuentro, que se celebrará en la sede de este organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) en Valencia, el presidente de la CHJ, Miguel Polo, realizará una valoración y los medios que van a poner en marcha.

También se prevé la presencia del principal representante de los usuarios del Turia, el presidente del Sindicato de Regulación de las Aguas del Turia, José Alfonso Soria.

Esta convocatoria de emergencia se produce unos días después de que las dos principales organizaciones agrarias en la región -Asaja y La Unió- hayan alertado ya de la segura catástrofe que van a provocar las restricciones en el campo, si los agricultores no consiguen contar con agua para los cultivos.

Las recientes prohibiciones al riego puestas en marcha por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en la comarca castellonense del Alto Palancia «ponen en serio peligro según las estimaciones de La Unió unos ingresos en la zona estimados en alrededor de 12 millones de euros», que dejarían de percibir en el caso de perder la cosecha.

En concreto, la CHJ había comunicado a finales de julio mediante un escrito dirigido a las comunidades de regantes de Sot de Ferrer y Soneja que «en tanto no circule el caudal ecológico correspondiente» en el río Palancia no se podrá deriva agua de su cauce a las acequias. Unas restricciones de riego añadidas a las ya vigentes desde el pasado 27 de mayo en otras localidades de la comarca como Jérica, Viver, Bejís y Teresa.

En el total de estas seis localidades hay 3.204 hectáreas cultivadas, de las que unas 1.000 se encuentran en regadío, fundamentalmente con cítricos, hortalizas, olivos, almendros y frutales que «ven amenazada su supervivencia en la próxima cosecha e incluso en las plantaciones si las restricciones se mantienen en el tiempo», han alertado.

El escrito de la Confederación remitido a las comunidades de regantes del Alto Palancia amenaza con «infracciones administrativas ante el incumplimiento» de estas medidas. La Unió ha reclamado un «diálogo fluido» entre la CHJ y los regantes afectados antes de cortar el suministro. Plantean soluciones como por ejemplo establecer unos riegos de socorro o analizar los pozos de emergencia frente a la sequía que existen en la zona.

«No se puede cortar el riego de la noche a la mañana porque estamos en plena temporada de riego, justo además en un momento donde sufrimos la falta de lluvias y con elevadas temperaturas», plantean.

Carles Peris, secretario general de esta organización, describe así la situación: «En agosto no podemos dejar de regar nuestros cultivos cuando nos jugamos los ingresos de todo el año y por ello habría que restablecer lo más urgentemente posible el riego». En aras, además, de garantizar los «alimentos de proximidad».

En la misma línea, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha exigido a las distintas administraciones la puesta en marcha de medidas en materia hídrica a corto y largo plazo ante esas nuevas restricciones de riego aplicadas en la comarca castellonense del Alto Palancia. Tras advertir de que se «eleva la gravedad» de la situación medida con los datos de caudales ecológicos mínimos proporcionados por la CHJ -que piden revisar-, esta organización ha subrayado además que la superficie de cultivo afectada abarca unas 2.000 hanegadas, principalmente de cítricos, olivos y hortalizas. «La persistencia de la sequía también amenaza con agravar el descenso del nivel freático aguas abajo, es decir, en Camp de Morvedre», ha añadido.

«Es la primera vez que nos prohíben el riego por las acequias mientras vemos como discurre agua por el río. La agricultura y la alimentación deberían ser prioritarias en el uso del agua. Si no nos dejan regar, perderemos la cosecha de este año e incluso las mismas plantaciones», ha indicado el delegado de AVA-Asaja de Soneja, José Ignacio Martínez.

También sugieren la posibilidad de «riegos de auxilio» y la puesta en marcha de «pozos de emergencia» con la finalidad de «evitar la muerte de los árboles».

A largo plazo, la entidad presidida por Cristóbal Aguado reitera la necesidad de apostar por una nueva política hidrológica que contemple la mejora e incluso la construcción de infraestructuras para ampliar el almacenamiento y la distribución de agua, así como una apuesta por la reutilización de las aguas depuradas.

De modo paralelo, ambas organizaciones instan al Gobierno a aprobar o ampliar ayudas directas a los sectores agropecuarios para paliar las pérdidas económicas derivadas de la sequía.

Aguado denuncia «la desesperación en la que se encuentran los agricultores por culpa de la falta de previsión política en un asunto tan fundamental como es el agua».

Y advierte del futuro para el sector: «Si no podemos regar los campos, ¿de qué vamos a comer? ¿Tenemos que abandonar las tierras, despoblar todo el interior y emigrar? ¿Cuál es la salida que nos da nuestro Gobierno? Así lo único que hay garantizado es la ruina agraria, el despoblamiento rural, los incendios y el desierto».