El Gobierno se desentiende de la sequía en la Comunidad Valenciana y cinco autonomías más y les conmina por carta a incentivar los seguros agrarios

Ante la solicitud de «medidas urgente» en un plan de actuaciones de emergencia y la convocatoria de la Mesa de Sequía, cuando en algunas zonas de Alicante se han registrado apenas un 25% de las precipitaciones medias en dos décadas, la respuesta a su carta del 26 de julio por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, firmada por el subsecretario Ernesto Abati y enviada más de un mes después (el 6 de septiembre), se resume en que el problema deben resolverlo las propias autonomías porque no afecta al conjunto de España y les recomienda que incentiven la contratación de seguros agrarios.

«El agua es un tema nacional y el conseller Miguel Barrachina siempre lo ha defendido así», han subrayado desde la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana, la región en la que las cifras de lluvias son más alarmantes.

Esta contestación resulta «ambigua» y «chirria» -según las mismas fuentes- en su consejo de los seguros para el campo, ya que plantea fomentarlo y al mismo tiempo objeta que si los agricultores se acostumbran a las ayudas públicas, no suscriben esas pólizas de pago.

Literalmente, en esta misiva a la que ha tenido acceso ABC, el dirigente ministerial razona así: «Es necesario incentivar y apoyar desde todas las Administraciones la contratación de estos seguros, máxime cuando en muchos de los territorios afectados y precisamente en los cultivos más perjudicados encontramos índices bajos de contratación. Y, por otra parte, se debe extremar la prudencia en la concesión de ayudas extraordinarias para paliar los daños ocasionados por riesgos cubiertos por los seguros agrarios, en la medida en que resulta altamente desincentivador para la contratación de los seguros».

Aunque de entrada, desde el Ministerio dan veracidad al diagnóstico de crisis en el campo por falta de agua, en su misiva de respuesta descartan más apoyo que el de respaldo a iniciativas propias de cada autonomía. «Entendemos y compartimos la preocupación que manifiestan en su carta al ser conocedores de las situaciones de escasez de precipitaciones y disminución de reservas hidrológicas que afectan a determinadas zonas», reconocen.

No obstante, minimizan el impacto y niegan que se trate de una realidad para todos: «Sin embargo, y sin que esto desvirtúe una legítima inquietud de la que somos partícipes, no parece que pueda hablarse de una situación generalizada de sequía en el ámbito nacional como la que hemos atravesado en los años 2022 y 2023, que dio lugar a sendas convocatorias de la Mesa Nacional de la Sequía y a la adopción por el Gobierno de medidas», cuantificadas en 1.500 millones de euros.

Tampoco ha influido en el ánimo del Ejecutivo de Pedro Sánchez el contexto reciente de recortes al trasvase Tajo-Segura ni las negativas perspectivas para el futuro, cuando estas transferencias se quedarán en la mitad al año y, tal como reconoce el propio Ministerio en una «nota interna», no habrá agua suficiente en el futuro, un documento al que tuvo acceso ABC.

En cambio, el Ministerio expone datos globales de precipitaciones en positivo, gracias al buen año en el norte y centro peninsular, y delega para afrontar el problema a esa otra mitad de España. «En un Estado territorialmente descentralizado como el nuestro, y a la vista de la distribución de competencias en materia agraria, es la Comunidad Autónoma la institución competente y, por tanto, la que debe liderar y orientar los procesos de reflexión y resolución de cuestiones propias de su ámbito territorial», indican.

A la vista está que eso ya lo está haciendo el Gobierno autonómico de Carlos Mazón, con el envío de cubas para abastecimiento urbano, siempre la prioridad en el abastecimiento de agua sobre la agricultura. Este verano, por primera vez en décadas, varios municipios han restringido el uso porque el suministro no era potable, debido a la salinización provocada por la escasez debido a la sequía.