El Gobierno apura el plazo para pedir el Fondo de Solidaridad de la UE por la dana que Sánchez dijo haber solicitado

Así lo ha confirmado el Ejecutivo, pese a que el propio presidente, Pedro Sánchez, aseguró días después de la tragedia -el 5 de noviembre- que España había «solicitado ya formalmente a la Comisión Europea la ayuda». Se trata de una partida de hasta 1.500 millones de euros, cuyo término vence el próximo 21 de enero.

Aunque el Gobierno advirtió a las instituciones comunitarias sobre su intención de adherirse al plan, no ha realizado todavía esa petición. Tras denunciarlo la alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá, el lunes durante una visita en Bruselas, elDiario.es ha publicado este miércoles una carta en la que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informaba a la entonces comisaria europea de Cohesión y Reformas Elisa Ferreira sobre este asunto.

«Vamos a solicitar la ayuda», indicaba Montero en esa misiva, fechada el 4 de noviembre, en la que también reclamaba la tramitación urgente del reglamento Restore, que el Parlamento Europeo aprobó semanas después y que permite redirigir el destino de los fondos de cohesión a la reconstrucción tras las inundaciones.

Las explicaciones de unos y otros no han detenido el cruce de declaraciones entre cargos del PP y del PSOE, estos últimos acusando a los populares de difundir «bulos» en plena gestión de la emergencia.

Al respecto, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha señalado que la carta de Montero «confirma» sus palabras y ha calificado de «grave» que Sánchez -que no visita la zona cero desde hace dos meses y medio- asegurara que se había solicitado el FSUE sin ser cierto. «Lo ha dicho el mismo comisario» europeo competente, ha subrayado. Además, ha puesto el foco en que «falta una semana» para que el Gobierno pueda reclamar esos recursos.

«No me cabría en la cabeza que se agotara el plazo», ha apuntado el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, «porque parece ser que las entidades europeas no han recogido ningún registro». No obstante, su vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, ha explicado que «todos los países suelen agotar los plazos, porque a medida que se agota, el nivel de detalle al que se llega respecto a la valoración del daño es mejor». En cualquier caso, ha garantizado que «la responsabilidad de los ayuntamientos y la Generalitat está cumplida. Hemos mandado en tiempo y forma la afección valorada de lo que ha ocurrido».

En esa línea, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha defendido que se está «trabajando de forma coordinada y leal y, sobre todo, conociendo los procedimientos y enterándonos de las cosas a diferencia de otras que han viajado para demostrar que les gusta más liar que trabajar». «Llegaron dos meses y medio después, se enteraron de que existían unos fondos y no saben ni cómo funcionan», ha aseverado, en alusión al viaje de Catalá a Bruselas.

«Tenemos que trabajar con todas las administraciones para llegar, como se hace en este tipo de ayudas a apurar al máximo los tiempos para poder conseguir el máximo de recursos porque tenemos más tiempo para justificar», ha sostenido.

Al mismo tiempo, Bernabé ha afirmado que Pedro Sánchez habló el día siguiente de la dana con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para mostrarle la voluntad de España de pedir ésta y otras partidas.

El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea fue creado en 2002 y su presupuesto se ha ido aumentado ante la frecuencia de catástrofes naturales. No se trata de una ayuda urgente ante una crisis -esa función la cumple la Reserva para Ayudas de Emergencia-, por lo que su desembolso puede llevar varios meses.

El país afectado debe solicitarlo hasta doce semanas después de la fecha de los primeros daños. Cuando la Comisión acepta la solicitud, propone una cuantía -en función de los daños directos en el PIB- para que la aprueben el Parlamento y el Consejo.

Desde que eso ocurre, el Estado afectado, como responsable de gestionar los mismos, tiene 18 meses para utilizar el dinero en su recuperación: desde el restablecimiento de infraestructuras o el realojo de damnificados, hasta la limpieza de la zona siniestrada o la asistencia médica a la población. Hasta la fecha ha prestado apoyo en más de 130 ocasiones y se han pagado en total más de 8.200 millones de euros, según indica el Parlamento Europeo en su página web.