La Generalitat Valenciana recurrirá al Constitucional la Ley de Amnistía

Así lo ha confirmado este jueves en el Parlamento valenciano el presidente Mazón, quien ha señalado que la Abogacía de la Generalitat tiene preparado el recurso de inconstitucionalidad ante el «atentado a la Constitución y a la igualdad entre territorios y personas» que se acomete en la Cámara Baja.

En respuesta a la pregunta formulada por Vox, el líder 'popular' ha matizado que el recurso va «en nombre de todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana», con el objetivo de defender el Estatut d'Autonomia y el cumplimiento de la Constitución.

Sobre este tema, el dirigente alicantino ha querido comparar la actitud del expresidente valenciano Francisco Camps después de ser absuelto en todos los procesos judiciales en los que ha estado involucrado durante los últimos quince años con la manera en la que los independistas han conseguido a través de la Ley de Amnistía eludir la acción de la Justicia española.

Mientras, el vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, ha hecho un llamamiento «a toda la sociedad española para que alcen la voz en defensa del Estado de derecho, la libertad, la democracia y la igualdad de todos los españoles».

Barrera ha leído esta tarde una declaración institucional para mostrar el rechazo del Consell a la Ley de Amnistía aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados, a la que ha calificado como «el mayor ataque posible a la democracia que destruye el principio de igualdad entre los españoles».

En este sentido, ha señalado que, tal y como ha anunciado el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el Consell «no va a quedarse cruzado de brazos y va a presentar un recurso de inconstitucionalidad», que se tramitará a través de la Abogacía de la Generalitat, «frente a esta ignominiosa, vergonzante e insultante humillación a los españoles».

Barrera ha afirmado que con la aprobación de esta ley «en la sede de la soberanía nacional» que es el Congreso de los Diputados, «se ha desafiado a la democracia y el Estado de derecho».

«Los delicuentes han redactado las leyes para autoperdonarse, alentados por un presidente del Gobierno que mercadea para su beneficio personal con los votos de los golpistas, fugados de la justicia y delincuentes, para secuestrar el poder desde Moncloa de la mano de todos los que quieren destruir la igualdad de los españoles», ha añadido.

«Por ello, -ha afirmado- queremos denunciar alto y claro que este es el mayor acto de corrupción posible y, por tanto, hacemos un llamamiento a los españoles, para que alcen su voz en defensa de la igualdad de todos los españoles, en defensa del Estado de derecho, y en defensa de la libertad y la democracia».

Por otra parte, el PP y Compromís han llegado a un acuerdo para aprobar una moción en contra de la opa de carácter hostil del BBVA al Sabadell que insta al Gobierno a no autorizar esta «concentración bancaria». El PSPV-PSOE ha apoyado también la propuesta mientras que la formación de Santiago Abascal se ha abstenido.

La iniciativa que han apoyado ambos partidos señala que la opa es «un nuevo golpe al sistema financiero de todo el Estado español», que «podría suponer un nuevo proceso de concentración y centralización bancaria que acentúa la marginal competencia entre entidades de crédito, entre ellas, los bancos, que acusa el sistema financiero estatal».

Según reza la proposición, «la falta de competencia implica que la ciudadanía tenga cada vez menos variedad de opciones para acceder a una hipoteca o a un crédito, y, por tanto, menos capacidad para poder acceder a estos recursos en condiciones justas».

La moción original de Compromís incluía cinco puntos: el rechazo a la opa, pedir un informe al Consell sobre su posible impacto, instar al ejecutivo valenciano a que inste a su vez al Gobierno a evitar esta operación, recuperar el sistema financiero propio y apoyar una propuesta del Defensor del Pueblo para definir como servicios económicos de interés general la operativa bancaria básica. El PP, no obstante, ha presentado una enmienda transaccional que elimina el cuarto punto, el del sistema financiero propio.