La Generalitat Valenciana inspeccionará 30.000 viviendas para apuntalar o derribar las afectadas por la dana

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, a través de la Secretaría Autonómica de la Vivienda, ha formalizado esta operación con el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), según ha informado la Administración autonómica en un comunicado.

Así, el personal del IVE se encarga de las inspecciones para evaluar el estado de las edificaciones de vivienda que así lo requieran y que no hayan sido financiadas con anterioridad por otros organismos públicos.

Además, se sufraga la realización de inspecciones de los 885 garajes que quedaron inundados, según el listado aportado por la Diputación de Valencia, en las que se evalúa el estado de los elementos estructurales de las edificaciones.

La vicepresidenta primera, consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y portavoz, Susana Camarero, ha resaltado que los expertos están «haciendo unas catas que nunca se habían realizado con anterioridad para comprobar que esos edificios no han sufrido daños estructurales, a pesar de haber mantenido durante determinadas semanas el lodo en sus garajes«.

Ha detallado que el trabajo contratado incluye la realización de inspecciones de evaluación del estado de las edificaciones de vivienda. Se estima que el IVE «realizará 15.000 informes e inspeccionará 30.000 viviendas«. También llevará a cabo »unas 200 actuaciones de apuntalamiento que garantizan la estabilidad de la estructura y seguridad de las personas«.

Camarero ha destacado que el plazo de ejecución se estima de nueve meses, aunque ha precisado que los trabajos de inspección en los sótanos finalizarán «entre abril y primeros de mayo» y que ya se han realizado «461 inspecciones, es decir, más del 50% de los edificios con garajes, de los 885 que la Diputación ha puesto en conocimiento que tenían lodo y que han sido limpiados«.

El contrato cubre tanto el apuntalamiento de las viviendas como la elaboración de actas de apuntalamiento; la dirección de su ejecución y la certificación de la conformidad de los trabajos de apuntalamiento de forjados, vigas y demás elementos estructurales en los edificios de viviendas.

Camarero ha señalado que, desde el 2 de noviembre, el Grupo de Edificaciones del IVE comenzó a realizar inspecciones en los edificios dañados y a evaluar las condiciones de habitabilidad, en coordinación con los ayuntamientos, «independientemente de que dispusieran de seguro o no».

La portavoz del Consell ha puntualizado que, hasta la fecha, se han abierto 14.886 informes y las inspecciones «han sido abonadas por la Generalitat, ya que el Gobierno no se hace cargo de abonar la revisión de los edificios con seguro«, ya que ha afirmado que, el Ejecutivo central, »en un momento determinado, decidió no abonar aquellas inspecciones de las viviendas que contaban con un seguro».

«La Generalitat decidió seguir con estas inspecciones abonándolas nosotros mismos, porque si había que esperar a que el Consorcio de Seguros pagase los seguros para poder ser revisados los edificios, contábamos con el peligro de que algunos de estos edificios no fuesen habitables y que, por el retraso, que sabemos que muchos de los edificios todavía no cuentan con ese abono por parte del Consorcio, algunos de los edificios que no estuviesen en condiciones de ser habitados», ha relatado.

Además, el Consell ha aprobado mediante decreto un paquete de ayudas urgentes por valor de 700.000 euros para sufragar la demolición de viviendas y edificios residenciales gravemente dañados o destruidos a consecuencia de la riada del pasado 29 de octubre.

El objetivo principal de estas subvenciones es permitir la ejecución inmediata de los trabajos de demolición en inmuebles que, por su estado de ruina o peligro, suponen «una amenaza para la seguridad pública, los edificios colindantes y el orden urbano«.

Camarero ha detallado que, según los informes realizados por el IVE hasta el momento, «67 viviendas deberán ser demolidas totalmente», por lo que consideran «oportuno otorgar ayudas directas a las personas cuyas viviendas se encuentran destruidas o gravemente dañadas, sin posibilidad de reparación ni rehabilitación, con la finalidad de que se ejecuten las actuaciones necesarias para su demolición y, de esta manera, agilizar la vuelta a la normalidad de las zonas afectadas en el menor tiempo posible».

Las actuaciones subvencionables incluyen la demolición total de edificaciones con orden municipal de ejecución, los trabajos de adecuación posterior como impermeabilización de medianeras o vallado del solar, así como los honorarios técnicos derivados del proyecto y dirección de la obra. También se contemplan demoliciones ya realizadas si se demuestra su vinculación directa con la catástrofe y se ejecutaron tras el 29 de octubre.

Podrán beneficiarse de estas ayudas tanto personas físicas y jurídicas como comunidades de propietarios, agrupaciones de vecinos, cooperativas de vivienda e incluso herederos acreditados, en caso de fallecimiento del titular, que sean propietarias de los bienes inmuebles de uso residencial, vivienda o inmuebles con uso complementario a vivienda, como garaje, trastero, uso comercial u otro uso ubicados en edificios de viviendas que estén situados en un municipio afectado por el temporal y que, como consecuencia de la dana, hayan quedado totalmente destruidos.

Por otra parte, que el inmueble cuente con una orden de ejecución de demolición o un instrumento urbanístico equivalente dictado por el Ayuntamiento o las entidades que integran la administración local que acredite la necesidad de demolición total del inmueble.

El importe de la subvención cubrirá hasta 16.000 euros por vivienda afectada o local y el plazo para ejecutar la actuación será de doce meses desde la concesión. Camarero ha detallado que el importe se ha calculado teniendo en cuenta los informes técnicos, que «marcan que hay un precio aproximadamente de entre 120 y 150 euros el metro cuadrado lo que suponen estas demoliciones».

Esta actuación se enmarca en la batería de medidas adoptadas por el Consell para afrontar las consecuencias de la dana de finales de octubre, que afectó gravemente tanto a la infraestructura como a la calidad de vida de miles de ciudadanos. Con esta iniciativa, la Generalitat ha sostenido que «reafirma su compromiso con la recuperación del territorio y la protección de las personas damnificadas».