La Generalitat Valenciana aprobará una ley para frenar la despoblación con 200 medidas diseñadas por las universidades

Como atractivos para repoblar estos municipios, el Gobierno de Ximo Puig ha previsto incentivos fiscales en el IRPF (también para sucesiones, donaciones...) así como en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y otros tributos, o ayudas para la vivienda y la rehabilitación.

También tratará de recuperar «talento» sobre todo de jóvenes con cualificación que se han marchado al extranjero, mediante programas de «trabajo garantizado« incluso en temporadas de baja actividad económica, fomento del teletrabajo y apoyo a las empresas de nueva creación para propiciar el surgimiento de »clusters rurales«.

Los sectores económicos con potencial para al arraigo en estas zonas son, a priori, la agricultura y ganadería junto el turismo, si bien en el programa definido por estos especialistas de las universidades se contemplan también recetas desde la Generalitat para ayudar a la industria y la digitalización.

Como preparación de esta transición hacia zonas despobladas de las nuevas generaciones, se ha concebido un «Erasmus rural« y fórmulas de formación semipresencial tanto en FP como en la Universidad.

Puig ha anticipado este lunes su intención de sacar adelante este proyecto legislativo tras una visita institucional a la Vall d'Alcalà (Alicante) y una reunión «muy provechosa» con alcaldes de municipios de menos de 1.500 habitantes de la comarca de la Marina Alta para abordar cuestiones como la mejora de las comunicaciones o la actividad económica vinculada a las poblaciones del interior.

Puig ha lamentado que la despoblación es un «drama« desde hace años y ha garantizado que es una urgencia para el gobierno valenciano con el objetivo de »superar esta fractura enorme« y que no sea irreversible.

Asimismo, ha enfatizado que «una economía agraria potente tiene mucho que ver con la soberanía alimentaria«.

En concreto, la ley contra la despoblación coordinará las políticas del Consell e incluirá acciones específicas para garantizar la cobertura de prestaciones básicas, el acceso a servicios públicos fundamentales y la igualdad de oportunidades en todo el territorio.

Impulsará proyectos ya en marcha y adoptará medidas para fomentar la igualdad y la lucha contra la brecha de género y para evitar la exclusión social y financiera.