La Generalitat niega que la imagen de Mazón entrando al Cecopi el día de la dana esté manipulada

Podemos, que ejerce como acusación popular en la causa abierta en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, ha pedido a la juez que requiera «las imágenes de la totalidad de las cámaras» de la sede del 112 desde las 12 horas del 29 de octubre hasta las 04.00 horas del día 30.

Del mismo modo, Compromís -que defiende que un testigo vio a Mazón allí a las 19.45 horas- ha solicitado a la televisión autonómica À Punt, por vía parlamentaria, una copia de los brutos de las grabaciones «emitidas o no» que sus equipos registraron en el Centro de Emergencias de l'Eliana a lo largo de esas dos jornadas.

La imagen de Mazón entrando a ese edificio, 17 minutos después de que se emitiera la alerta masiva (20.11h) a los teléfonos móviles de la población, se incluyó en un informe fechado el 18 de febrero y remitido a la magistrada. Del visionado de las cámaras de seguridad se extrajo que el director general de Emergencias y Extinción de Incendios, Alberto Martín, llegó a las 15:53h y la entonces consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, a las 16:56h, mientras el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, lo hizo a las 17:45 horas.

«La persona que ratifica el visionado de las imágenes es el funcionario público habilitado -el coordinador de Prevención y Emergencias- al ser una infraestructura crítica. Verter falsedades sobre el documento oficial de la Generalitat implica cuestionar la honorabilidad y la profesionalidad del funcionario que desempeña sus funciones con rigor, independencia y objetividad. De igual manera, el documento suscrito por el funcionario cuenta con un código único verificador CSV que garantiza su autenticidad e integridad», indica el Ejecutivo autonómico en su comunicado.

«La Generalitat se reserva el ejercicio de las correspondientes acciones ante los órganos jurisdiccionales competentes, con independencia de las acciones que puedan ejercitarse directamente contra la fuente que haya originado la falsedad; todo ello con el objetivo de garantizar el derecho al honor de los altos cargos, los trabajadores y funcionarios de la Administración valenciana sobre los que el ruido y el debate político deben alejarse de forma inmediata», agregan.