La Generalitat abre expediente contra las terapeutas de la menor que se suicidó en Valencia

Rafael Martínez, padre de la menor que se suicidó en su domicilio dos días antes de cumplir diecisiete años, denuncia que la investigación interna de la Conselleria de Sanidad llega «cinco meses tarde», pues lamenta que el director del hospital se negó a tramitar la reclamación de la familia alegando que el caso «ya estaba siendo investigado por la Justicia», algo que nunca llegó a ocurrir.

Así, los progenitores de la joven no entienden por qué se tardaron cinco meses en incoar el expediente disciplinario a las terapeutas, incluso teorizan sobre si «solamente se querían tapar y proteger entre ellos». «¿Por qué esa actitud con nosotros y otra con el Defensor del Pueblo?», explica Rafael a ABC, quien defiende que reclamaron «desde el minuto uno». No obstante, se encontraron siempre con las mismas respuestas: «está judicializado, no podemos hacer nada más y estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos».

Sin embargo, este padre coraje mantiene que la investigación interna da lugar gracias a la intervención del Síndic de Greuges -equivalente al Defensor del Pueblo valenciano- y a la publicación del caso en los medios de comunicación. De hecho, fue el pasado viernes 14 de octubre cuando recibieron una nueva carta del gerente del Departamento de Salud de Requena en la que se indicaba que no había abierto el expediente a las terapeutas con anterioridad al considerar que «al estar en sede judicial no procedía iniciar expediente disciplinario, lo que no significa desentenderse del caso».

Asimismo, en la misma comunicación, el director del departamento matiza que «tras el análisis de la historia clínica y las valoraciones de las actuaciones realizadas por las especialistas, no se ha detectado un incumplimiento por parte de estas que pudiera considerar una falta». No obstante, tras la petición de la dirección general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad a realizar diligencias previas, finalmente se ha incoado el expediente disciplinario y un proceso de investigación para esclarecer lo ocurrido.

La querella por homicidio imprudente interpuesta por la familia de Isabel fue archivada de manera provisional por el juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 4 de Requena, decisión apelada por los padres al considerar que el historial clínico de su hija evidenciaba un peligro real de suicidio, por el que se tenía que haber activado el protocolo fijado por la Generalitat para estos casos de tal gravedad.

Así, ha solicitado a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública la remisión de un nuevo informe en el que indique si se ha incoado expediente disciplinario a la psicóloga y a la psiquiatra que trataron a la joven durante los últimos seis meses de su vida, así como trasladar cualquier información sobre la iniciación de algún procedimiento procesal y los motivos de la falta de respuesta expresa a la queja presentada por la familia a finales de agosto.

El Síndic de Greuges elevó una nueva petición de información a Sanidad después de estudiar el informe emitido por el Departamento de Salud de Requena-Salud Mental, en el que señala que el plan de prevención de suicidios de la Comunidad Valenciana consiste en «una herramienta proactiva que pretende dar respuesta rápida y continuada a las personas con conductas suicidas», sin determinar que su aplicación sea de obligado cumplimiento.

El departamento de salud asegura que la menor se encontraba en seguimiento activo «con citas muy frecuentes», realizando un «abordaje multidisciplinar dentro del seguimiento intensivo planteado para este caso particular». Algo que rechaza la familia de adolescente al hacer referencia a diferentes informes médicos que relatan las ocasiones en las que intentó quitarse la vida e incluso un «plan suicida concreto», suficiente para activar el protocolo, según Rafael Martínez.

Sanidad defendió la actuación de las terapeutas y confirmó que se pusieron en marcha todos los recursos disponibles, «desde consultas individuales con la paciente, intervenciones grupales, atención a los padres, atenciones sin cita previa ante cualquier conducta disruptiva en cualquier sentido, coordinación con psicopedagoga del IES 1 y contacto con la UPC de Requena, abordaje del caso en sesiones clínicas de equipo y solicitud de ingreso y reingreso en Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria».

Además, matizó que el contenido de las últimas entrevistas «no hacía previsible un intento autolítico planificado», aunque sí reconoció que «existía una idea fluctuante de muerte como forma de evitar el malestar emocional que estaba atravesando», pese a que no atisbaron «ningún factor de riesgo o combinación de ellos que tengan una sensibilidad o especificidad suficientes para predecir el paso al acto».