«Los gánsteres de la imposición y del separatismo aún dicen que la nueva ley discrimina al valenciano»

De hecho, esta asociación alicantina de familias y docentes ha presentado alegaciones para que esta normativa en tramitación amplíe y extienda la libertad de elección idiomática para el aprendizaje sin limitaciones, y muestra una posición muy crítica con su esencia por considerarla insuficiente para acabar con la obligatoriedad del valenciano frente al castellano instaurada con la anterior, la Ley de Plurilingüismo.

Precisamente con estos argumentos y el caso revelador de un colegio de Valencia donde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha ordenado garantizar esa cuota del 25% mínimo en castellano, se aprecia que perdura en muchos centros -más de 200, según la Conselleria- el incumplimiento de esa enseñanza bilingüe. En realidad, ni Idiomas y Educación ni -en el lado opuesto- el sindicato Stepv y otras entidades afines al nacionalismo están satisfechos con el modelo proyectado por la Generalitat, unos por exceso y otros por defecto.

«Vehicular materias con lenguas diferentes a la lengua materna se traduce en fracaso escolar», subrayan desde la plataforma alicantina, dentro de sus 22 alegaciones a la nueva ley impulsada por PP y Vox, poniendo el acento en que «el máximo del 20 % de lo que una lengua puede vehicular más que la otra, como las materias no se pueden partir, ese porcentaje quedará reducido a un 10 % o incluso a un 1 %», por lo que consideran que se va hacia un «modelo de conjunción lingüística».

Y, sobre todo, alertan de que no sean los padres, sino el consejo escolar quien decida el denominado Proyecto Lingüístico de Centro (PLC), incluidas las asignaturas troncales, no lingüísticas. «Sabemos que éste órgano de gobierno cuenta con sesgo nacionalista en los centros, por las familias no eligen nada, en realidad, y el consejo escolar marcará la imposición del valenciano», abundan desde Idiomas y Educación, señalando que hay una «contaminación» en el consejo escolar por el requisito lingüístico, que condiciona a docentes y padres de alumnos para decantarse por ese idioma de aprendizaje para que luego los alumnos puedan buscarse trabajo como funcionarios.

Sin ir más lejos, hace menos de una semana se movilizaron en la calle estos sectores para la primera huelga de la enseñanza, con este tema entre sus reivindicaciones centrales.

«Esta lacra da lugar a la deriva nacionalista, ya que convierte a los profesores en adoctrinadores y se chantajea a los padres para que elijan una lengua con objeto de que dé acceso a la función pública, ese gran chantaje que, además, es inconstitucional», recalcan, y explican esta realidad en una serie de vídeos difundidos en internet.

Idiomas y Educación también sugiere en sus alegaciones cambios en la Formación Profesional, para Personas Adultas, la Enseñanza de régimen especial y en el Plan de Uso de Lengua en los Centros, ya que ahora -a su juicio- «los centros se están convirtiendo en espacios de marginación del castellano, siempre con segundas intenciones para imponer la identidad, la división y la deriva separatistas», por lo que reclaman que todo se presente en ambas lenguas.

Sus propuestas también abarcan a las zonas castellanohablantes, zonas donde sí ha habido cambios en la ley que ven positivos, «sin embargo con algunos absurdos, como mezclar en la clase a alumnos que se evalúan del valenciano con otros que no se tienen que evaluar ni que calificar, lo que acabará siendo fuente de conflictos y problemas de convivencia».