Ford despedirá a 1.100 trabajadores en su fábrica de Valencia

«Ford trabajará constructivamente con los sindicatos para reducir el impacto de esta situación en los empleados, sus familias y la comunidad local», ha señalado la marca del óvalo en un escrito remitido a los medios.

Unos despidos motivados, principalmente, por el cese de la producción de los modelos S-Max y Galaxy en abril de 2023, un año antes de lo previsto inicialmente, aunque estos solo representan el 6% de la carga de trabajo total. La multinacional estadounidense acelerará así la estrategia que persigue que todos sus vehículos de pasajeros sean eléctricos en 2030 y el resto del catálogo, un lustro después.

De este modo, la planta valenciana se quedará solo con la producción del Kuga -el de mayor peso actualmente- y las furgoneta Transit y Tourneo Connect -con fecha de caducidad próxima- hasta la llegada de los nuevos eléctricos anunciados para 2026, que garantizan su continuidad y la carga de trabajo de los próximos años.

Almussafes se impuso en junio a la fábrica alemana de Saarlouis en la adjudicación de esa nueva plataforma eléctrica GE2. Precisamente, este jueves, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, comparaba la situación de la primera planta con la de su competidora en este proceso, que afronta su «cierre definitivo».

«Yo creo que desde el diálogo social, desde la buena interpretación de lo que es la búsqueda de soluciones entre los directivos, la empresa y los trabajadores, encontraremos el camino adecuado y que, en cualquier caso, las bajas que necesariamente se puedan producir se producirán con salidas absolutamente razonables para las familias», apuntaba Puig. No obstante, en el Gobierno autonómico no esconden su preocupación ante los planes de la multinacional.

Pese a que España esquivó el recorte de 3.800 empleos anunciado por el fabricante en Europa hace unas semanas, Ford ya había advertido de que la transformación al eléctrico requiere menos mano de obra y sería necesario ajustar la plantilla a los niveles de producción previstos.

La fábrica de Almussafes viene encadenando desde 2020 diferentes ERTE, el último prorrogado hasta el próximo 30 de junio debido a la inestabilidad en el suministro de semiconductores y componentes derivados. Estos expedientes temporales afectan potencialmente, de manera total o parcial, a toda la plantilla, con una media de 700 empleados al día. Durante estas paradas de producción, los trabajadores perciben un 80% de su salario y la totalidad de las pagas, preservando antigüedad y vacaciones.

El actual será el tercer ERE en tres años, pues la compañía ya prescindió de otros mil trabajadores valencianos en sendos procesos llevados a cabo en 2020 y 2021. La comisión negociadora cuenta con doce representantes de Almussafes y uno de Madrid, que volverán a reunirse el próximo 16 de marzo. Se ha fijado un plazo de treinta días para que sindicatos y empresa alcancen un acuerdo.

Aunque esperado, el anuncio ha caído como un jarro de agua fría en UGT, el sindicato mayoritario en la planta de Valencia. En un comunicado, la organización indica que el expediente afecta a «un volumen de empleos más que considerable, lo que dificulta alcanzar un acuerdo que garantice la voluntariedad del 100% de las bajas a través de planes de acompañamiento hacia la jubilación y bajas incentivadas».

«Podemos decir que se inicia hoy una negociación más que complicada», lamentan. Por ello, «la empresa deberá de avenirse a acordar unos planes acordes a esta situación tan delicada». «Lo que no va a poder pretender es, como el excedente es numeroso, abaratar las condiciones de los planes anteriores. En todo caso lo que procedería es lo contrario, con el fin de buscar el mayor número de voluntarios», defiende el sindicato.

En opinión de UGT, tener firmado el Acuerdo por la Electrificación -alcanzado por el sindicato y la dirección europea para que se asignase a Almussafes la producción de los futuros vehículos eléctricos- tiene que posibilitar que empresa y sindicatos sean capaces de «alcanzar un acuerdo para acometer la salida de manera voluntaria, intentando aproximarse lo máximo posible a la cifra exigida».

«Para ello, la empresa deberá poner los recursos necesarios, escatimar el coste. Además, lo que procede ahora es dar solución a esta complicada situación y a renglón seguido empezar a hablar de cuándo y cómo se llevan a cabo las inversiones que garanticen el futuro de los que quedaremos en la fábrica, porque tenemos un acuerdo que desarrollar», zanjan.