La Fiscalía pide rebajar la edad penal del menor a doce años para delitos sexuales

«Cuando te llega una agresión sexual de un niño de 13 años como autor, hay que actuar ya», ha declarado tras entregar la memoria de la Fiscalía del año pasado en las Cortes Valencianas, en alusión a la petición de rebajar esta edad legal por parte de asociaciones judiciales.

Gisbert ha compartido su «preocupación especial» por la mayor incidencia de delitos sexuales en menores cada vez más jóvenes, con casos de «cada vez víctimas niñas más pequeñas, de 12-13 años y alguna de diez». «Eso significa que no lo estamos haciendo bien o que faltan cosas por hacer», ha constatado.

Sobre todo, ha advertido de la necesidad de «enseñar realmente a los menores en igualdad y empatía», ya que «tienen conceptos muy cosificados, retrógrados y machistas de la mujer y eso es un problema». «El sistema funciona correctamente cuando llega la denuncia de la víctima -ha remarcado-, pero los jóvenes siguen adoptando unos roles muchas veces peores que los adultos».

Ante esta situación, la fiscal ha reconocido que sería conveniente bajar la edad legal de 14 a 12 años en este tipo de delitos, algo que ya pidió en 1996 cuando coordinaba la sección de Menores, cuando «el propio entorno (de los agresores) no interviene». Eso sí, ha hecho hincapié en que hay que mantener el «espíritu» de la Ley del Menor y que las sanciones tengan carácter reeducativo.

La violencia machista es otro ámbito en el que ha urgido a actuar, dado que «algo sigue fallando previamente» en la educación, aunque ha resaltado que la Justicia cada vez tiene más medios y los agentes de las fuerzas de seguridad están especializados y tienen entienden mejor a las víctimas. «Hace años, cuando llegaban a denunciar se encontraban con una falta de empatía total», ha lamentado.

Por otro lado, Gisbert ha trasladado su preocupación por los delitos de odio, que en 2021 «aumentaron muchísimo», si bien ha precisado que esto demuestra que «poco a poco vamos rompiendo ese temor y las víctimas denuncian más» y «se genera más confianza».

Respecto a las residencias, ha advertido de la gran cantidad de ingresos involuntarios de usuarios y ha abogado por aumentar el seguimiento, aunque espera que se den cada vez menos gracias a la Ley 6/2022 de medidas para garantizar la accesibilidad a la Justicia de las personas con discapacidad y mayores.

«No todas las personas que tienen una discapacidad son pobrecitos ni están abandonados; al revés, muchos tienen su patrimonio», ha aseverado, por lo que ha llamado a «tener muchísimo cuidado y vigilar bien la rendición de cuentas» por parte de las personas que tienen la tutela. Todo ello para que «la administración de su dinero se haga conforme a sus deseos e intereses».

No obstante, ha puntualizado que en algunos casos es imprescindible el ingreso involuntario en una residencia, como cuando un usuario no quiere tomar la medicación y sufre un brote psicótico. «Mucha gente se la toma y está estupenda, pero los familiares ya no tienen capacidad de influencia y eso no implica ingresarles, podría haber un seguimiento o un apoyo externo», ha expuesto.

Como balance ha compartido su «orgullo» por la colaboración de las secciones civiles de la Fiscalía con las residencias durante la pandemia. Ahora ha defendido que «hay mucho que hacer todavía y mucha protección que actualizar» en estos centros, por lo que ha pedido «aprender de lo que hemos vivido y sufrido con la COVID».

Y en materia de recursos judiciales, la fiscal superior ha recordado que son necesarios más fiscales en los nuevos juzgados, ya que solo se crea una plaza nueva en los de violencia de género, y ha apuntado a «carencias concretas» en las pequeñas fiscalías que carecen de la figura del gestor. «En general estamos bien y las peticiones son atendidas con prontitud: funcionamos (...) No me puedo quejar», ha recalcado.