La Fiscalía pide detallar el 'apagón' del Cecopi y el seguimiento de la CHJ al barranco del Poyo el día de la dana

En ese sentido, el Ministerio Público pone el foco en que el informe solicitado a la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias detalle el periodo de tiempo -entre las 18 y las 19h, según el Ejecutivo central- en el que el trabajo fue «exclusivamente presencial», como indicó la Generalitat a la magistrada sobre las pausas realizadas en la videoconferencia, y quiénes formaron parte de este organismo en ese periodo.

Durante ese 'apagón', un correo de la CHJ -del que ni el organismo emisor alertó en ese encuentro, según las últimas declaraciones judiciales- advirtió a las 18.43h de la brutal subida del barranco del Poyo, que provocó la mayor parte de las 228 muertes.

Así se solicita en un escrito, consultado por ABC, remitido por el fiscal al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Valencia. Aunque está fechado el 9 de abril, ha sido trasladado este miércoles a las partes. Un documento en el que se reclaman una extensa batería de diligencias.

Entre ellas, reclama informes a Emergencias de la Generalitat y a la CHJ para saber qué seguimiento hicieron de la situación y su evolución tras activarse a la alerta hidrológica en el río Magro y la rambla del Poyo a las 11.45 y a las 12.20 horas, respectivamente. También en la comarca de la Ribera Alta, que ya sufría inundaciones durante las primera horas de la jornada, y en la de Utiel-Requena, cuya complicada situación obligó a movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) a las 15h.

Además, pone el foco en la información que los técnicos ofrecieron a los miembros del Cecopi, que se inició a las 17h. Al respecto, solicita los informes en los que el comité asesor -dividido en el grupo de seguimiento del riesgo y el de gestión de medios y recursos- actualizó la situación y aconsejó al comité de dirección -formado por la ex consellera imputada Salomé Pradas y la delegada del Gobierno Pilar Bernabé- sobre las medidas de protección a la población.

Entre ellos, pide a la Agencia Estatal de Meteorología y a la Confederación los documentos elaborados con datos pluviométricos, en el primer caso, y de caudales o sobre el riesgo de la presa de Forata, en el segundo. El fiscal quiere saber también qué datos disponían los componentes del Cecopi sobre el estado de las carreteras, qué información se transmitió a los medios de comunicación y qué instrucciones se dieron a los trabajadores del teléfono 112.

La juez que instruye la causa penal, en un auto fechado este martes, definía con ironía esa reunión como «un lugar en el que ninguna información les llegaba, ningún consejo acertado se les proporcionó» y en el que sus miembros «permanecían en una burbuja, aislados del mundo exterior».

En otro escrito, el Ministerio Público rechaza investigar de momento -como solicitaba una acusación- al presidente de la Confederación, Miguel Polo; así como al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez; a la jefa de servicio, Inmaculada Piles; y al director general, Alberto Martín Moratilla, al considerar que se pedía una «imputación genérica».