La Fiscalía pide una investigación penal contra Mazón por la gestión de la dana

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV acordó el pasado viernes acumular en la misma causa las siete denuncias y querellas interpuestas por distintos colectivos y particulares «sobre los mismos hechos», la catastrófica barrancada del pasado 29 de octubre, y pidió al Ministerio Público que se pronunciara al respecto.

En su informe fechado este martes, avanzado por El País y consultado por ABC, la Fiscalía solicita que estas diligencias se trasladen primero a un juzgado de instrucción y se remitan al alto tribunal valenciano en el caso de que se encuentren indicios de delito en la actuación del presidente autonómico, el único que tiene la condición de aforado entre los denunciados y, por tanto, no responde ante un tribunal ordinario.

En ese supuesto, el juez deberá elevar una exposición razonada al órgano superior solicitando la imputación del barón del PP.

No obstante, la decisión última sobre el devenir de la causa corresponde ahora al pleno de la Sala de lo Civil y Penal, que está integrado por la presidenta de la misma y del TSJCV, Pilar de la Oliva, y por otros cuatro magistrados.

Las querellas y denuncias formuladas contra Carlos Mazón tras la riada son una primera de la organización Iustitia Europa; dos del sindicato CGT; dos presentadas por abogados; y dos más de particulares. Algunas se dirigen también contra la exconsellera de Justicia Salomé Pradas, el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso y el director general del rango Alberto Martín.

En su conjunto, les atribuyen los presuntos delitos de omisión del deber de socorro, prevaricación, imprudencia grave, abandono de servicio público, homicidio por imprudencia, lesiones, daños y contra los derechos de los trabajadores. La tragedia ha dejado un balance provisional de 223 muertos, tres desaparecidos y daños multimillonarios.

En concreto, el escrito de la fiscal María José Montesinos de Lago apoya una investigación sobre las responsabilidades penales derivadas de la barrancada, pero razona que debe realizarse en un juzgado de instrucción por ser el órgano que «naturalmente tiene atribuida dicha función investigadora».

«Resulta preciso que el procedimiento se inicie para el esclarecimiento completo de los hechos con relevancia penal y la averiguación de los partícipes», indica.

Destaca, además, que las pesquisas deben llevarse a cabo de forma «única y conjunta» ante «la magnitud de la causa, la complejidad de los hechos, la participación como querellados y denunciados de múltiples autoridades políticas y responsables de organismos públicos, la previsible dificultad de la investigación, y el ingente número de perjudicados, y de posibles testigos y peritos».

Del mismo modo, subraya que actualmente «no consta singularizada» la intervención de los denunciados en lo ocurrido, pese a que los escritos presentados en sede judicial coinciden en que, «con desatención de sus deberes como máximas autoridades autonómicas valencianas, y ajenos a los escenarios de alertas y mensajes que se estaban emitiendo por distintos organismos, omitieron el dictado de resoluciones y de decisiones que eran de su competencia, y de ese modo no evitaron o, cuanto menos, no redujeron, la entidad de la catástrofe acaecida».

Por su parte, tras conocerse la postura del Ministerio Público, fuentes de la Generalitat defienden que la Fiscalía «ni atribuye ni señala ninguna conducta concreta contra Carlos Mazón y por eso pide que la causa la instruya un juzgado ordinario y no el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que es el único competente para juzgar al presidente».