Picasso en el juicio por la dana

Algo así estamos debatiendo e investigando en Valencia: cómo aquellas lluvias torrenciales se llevaron la vida de tanta gente. En el juicio por la DANA, la jueza de Catarroja que instruye el caso inicialmente ha focalizado su instrucción en el aviso tardío a la población y en los dos máximos responsables del operativo de la Generalitat Valenciana, la consellera Salomé Pradas y el secretario autonómico Emilio Argüeso. Ambos comparecieron hace escasos días, y a pesar de su responsabilidad como (ex) cargos públicos, solo respondieron a las preguntas de sus abogados.

También se están desarrollando diversas comisiones políticas de investigación en distintos organismos e instituciones públicas. No tengan demasiada fe en ellas: los partidos políticos, de uno y otro signo, parecen más centrados en culpar a los responsables nombrados por sus adversarios y defender a los suyos que en resolver el fondo del problema. La izquierda ha centrado su ataque en el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, como pieza clave cuya caída podría forzar unas nuevas elecciones. Algo parecido ocurrió con el expediente Picasso, donde se intentó, desde sectores de la izquierda, implicar al entonces rey Alfonso XIII por su cercanía al general Fernández Silvestre. Pasan las décadas, y algunos patrones se repiten. Si fueron capaces de movilizar a su gente por un perro sacrificado durante la crisis del ébola, ¿qué no lograrán con más de doscientos muertos?

El general Fernández Silvestre demostró una grave incompetencia, pero, como desveló el expediente Picasso, no fue el único culpable. Picasso detectó corrupción sistémica, donde algunos militares españoles habían vendido el armamento con el que los rifeños los iban a matar, o se había comprado material defectuoso, como los sacos de las empalizadas que apenas resistían los primeros embates. Esto último me recordó los escasos, y al parecer defectuosos, sensores que había instalado la Confederación en el barranco del Poyo.

Si a esto le sumamos la falta de preparación de mucha de la tropa y los celos entre mandos que no colaboraron en los momentos críticos, el cóctel mortal estaba servido en Annual. Por cierto, falta de preparación de los mandos y celos entre las diversas instituciones es algo que también sufrimos aquí durante la DANA.

Y es que cada noticia que se conoce, cada detalle de la actuación del personal encargado de protegernos, pone los pelos de punta. La consellera ha afirmado ante la jueza su incapacidad para gestionar un reto de aquella magnitud. Pero también parece que muchos responsables de los distintos servicios de seguridad o de la gestión de barrancos no estuvieron ni mínimamente a la altura necesaria para paliar el desastre. La incompetencia de estos, en teoría técnicos y políticos especializados, es tan grave —antes, durante y después de los hechos— que resulta incomprensible que muchos de ellos aún no hayan sido cesados fulminantemente de los cargos que todavía ocupan. Es posible que algunos de ellos ocuparan esos cargos no por su capacidad, sino por su lealtad o servidumbre ante los cargos políticos del momento.

Los valencianos pagamos muchos impuestos, parte de los cuales se destinan, en teoría, a protegernos ante este tipo de catástrofes mediante la inversión en personal y medios adecuados. Sin embargo, parece que ese dinero fue tirado a la basura. Y lo peor: no aprendemos. Tras el desastre, ni siquiera se ha elaborado un estudio riguroso de las medidas necesarias para evitar que algo así vuelva a ocurrir.

El expediente Picasso quedó en el olvido cuando se instauró la dictadura de Primo de Rivera. De hecho, es posible que contribuyera a su llegada. Tuvo que ser escondido para evitar su destrucción, pero afortunadamente ha llegado hasta nuestros días para quien quiera consultarlo y comprobar que hubo muchos incompetentes y corruptos, pero también personas valientes y honradas. Ignoro cuál será el desenlace de la investigación judicial. En cuanto al de las comisiones políticas de investigación, lo tengo claro: basta con recordar las conclusiones de las que se hicieron tras la DANA en la Vega Baja o las que analizaron la gestión gubernamental durante la pandemia de la COVID.

Imagino al general Picasso regresando a África —ya había participado en campañas anteriores— para redactar su informe, y dándose cuenta de que el desastre superaba sus peores expectativas. También imagino a la jueza actual, escuchando a unos y otros, sin poder evitar pensar: «¡Cáspita, vaya tropa!»