La ley electoral y las prostitutas de Pompeya

Esa distancia entre el ideal democrático y la realidad del poder sigue vigente. Porque más allá del acto de votar, lo que realmente define el impacto de cada voto es la ley electoral, el mecanismo que convierte esos votos en escaños. Y ahí es donde se juega una de las partidas más importantes.

En la Comunidad Valenciana vuelve a estar sobre la mesa la posibilidad de reformar la ley electoral autonómica. La presión viene, entre otros, del partido Ens Uneix, que, tras lograr peso en la Diputación de Valencia, aspira a ampliar su presencia más allá del ámbito municipal. La normativa actual favorece a los partidos grandes y con representación en las tres provincias, ya que exige superar el 5 % de los votos emitidos a nivel autonómico para obtener representación en Les Corts.

Actualmente se barajan dos propuestas de reforma: bajar ese umbral al 3 %, o bien aplicar el límite por provincia, lo que permitiría a partidos con apoyo localizado obtener representación, aunque no tengan fuerza en todo el territorio. Este segundo sistema es precisamente el que opera a nivel nacional, donde partidos con pocos votos concentrados en una provincia consiguen más escaños que otros con apoyos más amplios pero dispersos.

Partidos como Unión Progreso y Democracia (UPyD) denunciaron repetidamente esta distorsión en el Congreso de los Diputados. Alegaban que el sistema permitía que formaciones nacionalistas, independentistas e incluso partidos con antecedentes violentos tuvieran una influencia desproporcionada en la política nacional. Lo vimos durante los gobiernos de Felipe González y José María Aznar, cuando necesitaron pactar con el PNV o Convergència i Unió para poder gobernar. Sin embargo, ni el PSOE ni el PP se atrevieron a reformar el sistema, cómodos como estaban intercambiando apoyos por concesiones territoriales.

Con José Luis Rodríguez Zapatero y, de forma aún más acusada, con Pedro Sánchez, esta dinámica se ha intensificado. Basta recordar que Zapatero paralizó los trasvases de agua a la Comunidad Valenciana para contentar a Esquerra Republicana de Catalunya, mientras sí aprobó infraestructuras hidráulicas cuando Barcelona enfrentó problemas de abastecimiento. O cómo el actual Gobierno central, mientras ahoga financieramente a la Comunidad Valenciana, mantiene una generosa política de acuerdos económicos con Cataluña y el País Vasco.

Todo ello sin contar con el ridículo que están haciendo los socialistas con sus cambios de opinión acerca de indultos, amnistía, o como en vez de por ejemplo defender en Europa los intereses de los agricultores españoles, prefiere centrarse en impulsar la oficialidad del catalán en las instituciones europeas.

Aunque el PSOE no siempre fue así, basta la falta de escrúpulos de un presidente aferrado al poder y esa desproporcionada ley electoral para que en España se estén generando comunidades autónomas de primera o segunda categoría.

Las encuestas muestran un posible cambio de ciclo con un bloque PP–VOX cerca de la mayoría suficiente para emprender reformas legislativas profundas. Incluso un PSOE más centrado en el interés nacional podría sumarse a ese proyecto. No se trata de ideologías, sino de sentido de Estado: reformar la ley electoral para que ningún gobierno dependa de formaciones que solo representan a una parte muy pequeña del país.

Más allá del «y tú más», o de las estrategias de desgaste personal con prostitutas que ya usaban en Pompeya, lo que necesitamos es madurez democrática. Seguir gobernando a base de pactos con partidos nacionalistas es un error estructural. Y si no se corrige, los valencianos seguiremos sin trasvases, sin recursos, sin poder pagar a nuestros farmacéuticos, mientras financiamos pensiones a los jubilados del País Vasco o embajadas catalanas en el mundo entero.