Las familias matriculan por primera vez a sus hijos sin saber qué asignaturas estudiarán en valenciano

Desde la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística han denunciado «el mayor fraude de la historia» en este proceso de inscripción porque se define la lengua vehicular, un aspecto básico de la enseñanza, «de espaldas» a la voluntad de los progenitores.

Incluso en sus propias normas, el Gobierno autonómico de Ximo Puig incumple la Ley de Plurilingüismo -que los docentes rechazan y tienen recurrida en los tribunales- según esta plataforma de profesores, que cita el texto legal en el que se precisa que cualquier actualización de un Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) debe someterse al consejo escolar.

«Los padres no han podido conocer con anticipación ha dicho proceso (admisión de alumnos) el PLC de cada uno de los centros y por lo tanto les han desprovisto de los derechos que la propia ley les reconocía», han recriminado.

En consecuencia, califica de «miserable burla« de la Generalitat esta medida, dado que «los porcentajes se han visto evidentemente alterados y, tanto la ley como el sentido común, obligaban a la modificación de dichos proyectos lingüísticos».

En cambio, se opta por definirlo todo desde despachos, a su juicio: «Sin embargo, con la finalidad de ocultar a la opinión pública la ilegalidad que se está cometiendo en el proceso de admisión no se ha querido abrir este procedimiento».

El origen está en el encaje de la llamada Ley Celaá en la norma autonómica sobre las cuotas de materias en cada idioma.

«Cualquiera de los padres iniciar una reclamación por vía judicial que paralice todo el procedimiento de admisión«, han asegurado desde esta plataforma, que ya ofreció sus servicios jurídicos anteriormente para pleitear contra la Ley de Plurinlingüismo, una posibilidad que iniciaron varias familias.

Tampoco están satisfechos con el relevo al frente este departamento de la Administración autonómica, en mayo, al dimitir Vicent Marzà y sustituirle Raquel Tamarit. «Desde hace varios meses, la Conselleria de Educación vive instalada en el caos más absoluto obligando a los equipos docentes a soportar los resultados de su torpeza e imprevisión, evidenciando que la sustituta de Marzà ha resultado incluso más torpe que éste. Pero, pese a todo, no se ha perdido la proa al único objetivo del Botanic que no es otro que el uso adoctrinador en el nacionalismo supremacista de los recursos educativos que pagamos todos los valencianos«, han afirmado.

Y también dirigen sus críticas al secretario autonómico, de quien «exigen el inmediato cese» por su responsabilidad en este proceso. «Miquel Soler Ha sido el principal muñidor de las leyes de persecución de las familias castellanohablantes, quien paradójicamente tiene por ley la máxima responsabilidad de garantizar la correcta planificación educativa, así como el respeto máximo a los derechos de las familias y alumnado, así como la seguridad jurídica del profesorado y equipos directivos, misiones todas ellas situadas en las antípodas de su quehacer en los últimos años«.