Familias y docentes achacan la imposición del valenciano en la ciudad de Alicante a subvenciones para los cursos

En un comunicado, el Departamento de Filología Catalana, la Junta Directiva de la Unitat per a l'Educació Multilingüe de la Universitat de Alicante y la sede alicantina del Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana, han pedido a los partidos políticos con representación en el Pleno del Ayuntamiento de Alicante que voten en contra este jueves de la declaración para pedir que la ciudad sea considerada de predominio castellanohablante, en lugar de valencianohablante, como hasta ahora. «Obviamente, las tres están dedicadas a potenciar el uso de esta lengua en la Universidad y, por lo tanto, son juez y parte en el asunto, puesto que las tres viven de y son subvencionadas para la imposición de una cierta política lingüística», ha criticado Idiomas y Educación.

Un análisis compartido por la Plataforma de Docentes para la Libertad Lingüística: «Seguramente, el motivo de su alarma no se limite solamente al conocido carácter totalitario de los que quieren imponer las lenguas a la fuerza, sino que exista otro elemento más angustioso si cabe: el miedo a que la libertad suponga un recorte de los pingües beneficios que muchos obtienen obligando a miles de personas a pagar por sus cursos de valenciano, que es la condición que se impone hoy en día a los ciudadanos para que puedan llevar el pan a sus hogares».

En este caso, los profesores se refieren también al requisito lingüístico que estipula tener el título de valenciano para poder ejercer como funcionario en la Comunidad Valenciana, lo que a su juicio también coarta la libertad de las familias, al conminarles a que sus hijos aprendan en este idioma si quieren labrarse un futuro.

Ambas entidades coinciden también -sin haber enviado ningún comunicado conjunto- en que el cambio de estatus de la ciudad únicamente entraña dar «libertad» para elegir a los progenitores la lengua vehicular del aprendizaje de las asignaturas troncales, no obligar a estudiarlas en una o otra, como ocurre ahora.

«Supondrá que los ciudadanos disfruten de la posibilidad de elegir si sus hijos estudien en valenciano o en castellano, pero 'libertad de elección' es un concepto que a algunos les produce verdadero terror, no sólo porque la única forma que conocen para defender el valenciano es obligar a hablarlo por la fuerza de la ley, sino por el grave perjuicio económico que les acarrearía la libertad de los ciudadanos», abundan los docentes.

Y lo comparan con los antecedentes de la inmersión lingüística más al norte: «Esta es quizás la causa de la sobreactuación de estas organizaciones siguiendo los patrones de las organizaciones supremacistas catalanas de las que son feudatarios».

Para las familias representadas por Idiomas y Educación, «estas instituciones no entienden que los ciudadanos eligen la lengua en la que se comunican y que los alicantinos desde hace ya mucho tiempo eligieron el castellano como lengua de convivencia, a lo que se ha unido un espectacular crecimiento de la población de Alicante, que se ha convertido en una de las diez ciudades más pobladas de España».

Y enfatizan que, en el fondo de la cuestión, se trata de libertad: «Los alicantinos hoy día nacen donde quieren, y eligen la lengua en la que se entienden, pues de momento, son libres de hacerlo».

Por esta razón, se muestran a favor de que la Corporación municipal se pronuncie a favor del cambio con esta declaración institucional, en el Pleno de este jueves. «Con ello persistiría la valencianidad de la ciudad, sus tradiciones, los derechos de sus habitantes en estudiar en su lengua materna, apoyarían un ejercicio de libertad y, sobre todo, serían consecuentes con la política lingüística que propugna el Consell y los partidos que lo conforman», concluyen.