El exvicealcalde de Valencia, a juicio por la presunta financiación ilegal del PP local en las campañas de 2007 y 2011
Alfonso Grau y otros tres acusados se sientan en el banquillo por supuesta malversación y cohecho en la época de Rita Barberá al frente del Ayuntamiento
La Audiencia de Valencia juzga desde este martes la presunta financiación irregular del PP de la ciudad en las campañas electorales de 2007 y 2011, época en la que Rita Barberá, entonces alcaldesa de la capital del Turia, encadenaba mayorías absolutas.
En el banquillo ... se sentará, precisamente, la mano derecha de Barberá, el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, así como la exsecretaria del grupo popular en el Ayuntamiento Mari Carmen García; el exdirector de la Fundación Turismo Convention Bureau, José Salinas; y el exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón.
Están acusados de presuntos delitos continuados de malversación y cohecho por, supuestamente, utilizar tres fundaciones públicas para desviar dinero de las arcas municipales a empresas por trabajos que en realidad no se habrían llevado a cabo. Cuantías que después habrían revertido, en parte, en la financiación de los procesos electorales.
La Fiscalía Anticorrupción sitúa a Grau -investigado en el caso Azud y condenado por aceptar relojes de alta gama de un empresario- en el centro de la trama como recaudador: se enfrenta a nueve años de prisión por malversación y cohecho. Salinas y Santón serían cooperadores del primer ilícito al consentir las contrataciones llevadas a cabo por las entidades que encabezaban. Para ellos pide cinco años de cárcel.
Por su parte, García Fuster será juzgada por presunto cohecho en 2011 y se enfrenta a un año de prisión por la «supuesta percepción de dinero de origen desconocido pero vinculado no obstante a cobros de empresas por trabajos no demostrados o realizados con sobrecoste».
La pieza A del conocido como caso Taula se juzgará en la Sección Segunda durante siete sesiones previstas hasta el 13 de febrero, ocho años después de que se produjeran las primeras detenciones.
El juez de instrucción llegó a procesar a medio centenar de personas del equipo de la exalcaldesa fallecida en 2016 y hasta el propio PP por el presunto 'pitufeo': donaciones de mil euros a través de transferencias bancarias para sufragar la campaña de los comicios de 2015, que después se habrían devuelto en metálico para blanquear el dinero negro de 2007 y 2011.
La Audiencia de Valencia consideró que no existían pruebas del blanqueo y archivó la causa para todos, con la ratificación del Tribunal Supremo, excepto para los cuatro juzgados por las dos campañas anteriores.
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