El extesorero del PSOE valenciano se niega a declarar ante la juez del caso Azud que investiga presuntas mordidas

Cataluña ha acudido poco antes de las nueve y media de este jueves a la Ciudad de la Justicia de Valencia, «tranquilo» y en compañía de su abogado, tras suspenderse la comparecencia prevista inicialmente para la jornada anterior. «Soy el plato fuerte», ha bromeado ante los periodistas. Veinte minutos más tarde ha salido del complejo y ha rechazado hacer declaraciones «hasta que no conozcamos todo la información», puesto que parte de la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 13 sigue bajo secreto de sumario.

Las anotaciones de supuestos pagos en B encontradas en la vivienda del antiguo tesorero de los socialistas valencianos obligaron a abrir una pieza separada, también secreta, que originó una nueva operación de la UCO con registros en sedes de varias empresas como Acuamed o Acciona el pasado mes de octubre.

Cataluña ejerció ese cargo entre 2000 y 2004, pero los investigadores creen que no se desvinculó completamente de su función y se centran en dilucidar si sirvió como enlace entre el presunto cabecilla de la red, el promotor inmobiliario Jaime Febrer, y dirigentes del partido del que fue suspendido de militancia. También si parte del dinero recaudado de forma irregular fueron a parar a una hipotética 'caja B' de la formación.

Bajo lupa se encuentra la licitación en 2006 de un tramo del trasvase Júcar-Vinalopó por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la UTE formada por Acciona y Construcciones Luján por casi 50 millones de euros. Un trámite que se realizó a través de la empresa estatal Aguas del Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía Cristina Narbona.

De uno de los papeles que se encontraron en casa de Cataluña se extrae que se pactó supuestamente una mordida por valor del 6,29% del importe del contrato, que se repartiría entre ambas mercantiles en el mismo porcentaje de obra adjudicada: 70% para Acciona y 30% para Construcciones Luján. Los investigadores creen que las comisiones ascendieron a 2,5 millones de euros.

En uno de sus informes, Anticorrupción ya puso el foco en que Febrer pagó «gastos electorales» de los socialistas en Xixona, Burjassot y Benicàssim como parte de los supuestos sobornos para conseguir contratos públicos. La juez también apuntó que el constructor y Cataluña habían mantenido numerosas reuniones en fechas próximas a la campaña de 2007 y vinculó a empresas de la trama con pagos por valor de 484.480 euros a firmas de publicidad que realizaron actos del PSPV.

Esos gastos habrían sido solicitados por José Luis Vera -abogado, exmagistrado y exalto cargo socialista-, el propio Cataluña y Rafael Rubio, quien fue portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia durante el mandato de Rita Barberá y, hasta su detención en 2021, subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez.

La macrocausa investiga el presunto pago de mordidas a cambio de adjudicaciones de contratos entre 1999 y 2013 en el Ayuntamiento de Valencia y otros municipios valencianos, a través de facturas ficticias, bajo el telón de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal.

Entre los alrededor de sesenta imputados se encuentran el exvicealcalde de la capital (PP) Alfonso Grau o el cuñado de Rita Barberá, José María Corbín. El caso arrancó en 2017 pero no fue hasta dos años más tarde, en abril de 2019, cuando se practicaron las primeras detenciones. La segunda fase de arrestos se produjo en mayo del pasado año. A lo largo de esta semana una decena de investigados han sido citados a declarar por la magistrada que instruye el procedimiento.