El expresidente de la Diputación de Valencia señala a un imputado en el caso Azud como ideólogo de los contratos del caso Alquería

Jorge Rodríguez está siendo juzgado junto a otras trece personas por unos contratos que, de acuerdo con la Fiscalía, podrían haber supuesto un perjuicio de 1,2 millones de euros a las arcas públicas. A los procesados se les acusa de los delitos de malversación y prevaricación.

Rodríguez ha señalado que fue Vera -a quien ha citado en numerosas ocasiones durante su intervención- quien propuso la modalidad de contratos de alta dirección por «ser más ventajosos para la empresa aunque fuera menos ventajosa» para los contratados.

Vera fue jefe de los Servicios Jurídicos de Divalterra (empresa pública de la Diputación de Valencia) hasta su despido el pasado mes de mayo y fue director general de Consumo con el socialista Joan Lerma al frente de la Generalitat Valenciana. Asimismo, este exjuez había trabajado con anterioridad como asesor letrado del PSPV.

Su nombre aparece entre los imputados en el caso Azud, en el que otro Juzgado de Valencia investiga el presunto amaño de adjudicaciones a cambio de comisiones en Administraciones gobernadas por el PP y los socialistas. En el caso de Vera, los investigadores le atribuyen haber recibido 'mordidas' de la empresa del presunto cabecilla de la trama, Jaime Febrer, de más de 1,3 millones de euros , entre los años 2007 y 2012, «bajo supuestas relaciones comerciales, contratos y facturaciones ficticias realizándose pagos por servicios inexistentes de los realmente prestados, todo ello sin perjuicio del dinero en efectivo que recibiera».

Al margen de señalar a Vera en su declaración ante el tribunal que le juzga, Jorge Rodríguez ha negado que se creara una estructura ad hoc para enchufar a personas afines en la extinta Divalterra: «Yo no recomendé a nadie y no había ningún objetivo de colocar a nadie para ponerle un sueldo público». De hecho, ha justificado que si hubiera habido «un afán» de poner a dedo a cargos del PSPV y Compromís habría recurrido a los 10 puestos de asesores que estaban sin cubrir en la institución provincial de los 45 que le permite ley.

Rodríguez ha sido el primero de los 14 acusados en declarar en la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia por el caso Alquería, relativo a siete contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública Divalterra -que se cerró el pasado mes de junio- para favorecer a personas afines del PSPV y Compromís, por lo que se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación.

Al respecto, ha atribuido la denuncia que abrió el caso de dos extrabajadores -el secretario y el responsable de finanzas- a un intento de evitar su despido. Así, ha explicado que «no quisieron entrar como un elefante en una cacharería» y en un principio se les mantuvo en sus puestos porque no les conocían «de nada» y les quiso dar «una oportunidad y un voto de confianza».

Sin embargo, a lo largo de 2016 comenzaron a tener conocimiento de que recibían unas nóminas VIP por las que cobraban por productividad sin ningún tipo de control --de 8.000 euros y 6.000 euros--, que formaban parte del núcleo duro de Marcos Benavent, el autodenominado yonki del dinero, cuando era gerente de Imelsa y que además estaban puestos a dedo. «Todas estas informaciones nos generaron una gran desconfianza, la manifestamos y (los trabajadores) se plantearon que si denunciaban no iban a ser despedidos», ha apuntado.

Asimismo, ha apuntado que conocían las contrataciones de alta dirección porque se comunicaron con «total transparencia» y «nadie, ni la oposición, en ningún momento las pusieron en dudas». Es más, ha señalado que uno de ellos llegó incluso a acompañar al entonces jefe jurídico, José Luis Vera, para hablar con un catedrático, que dio un informe favorable. «No dijeron nada, no ya de una ilegalidad, sino ni siquiera de una irregularidad», ha afirmado.

«Nadie insinuó siquiera que pudiesen suponer una irregularidad administrativa», ha agregado. «Actuamos con todo el asesoramiento jurídico del que disponíamos», ha apuntado el ex presidente, que ha mencionado en decenas de ocasiones al que fue responsable de los servicios jurídicos de Divalterra y la Diputación, José Luis Vera, y ha apuntado que en uno de sus informes señaló que los contratos «no son una cuestión pacífica, pero siempre se actuó con asesoramiento suficiente».

De igual modo, ha vinculado la denuncia de la oposición a «un intento de judicializar la política, de dar la impresión de que todos los políticos éramos iguales y que había corrupción en todas las partes». Ha recalcado que su intención «siempre fue la mejor e hicimos las contrataciones en 2015 y 2018 con el asesoramiento jurídico del que disponíamos y para demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera» aunque ha lamentado: «No ha salido como queríamos».

Rodríguez ha explicado que estudió dos años de Medicina, carrera que abandonó para licenciarse en Ciencias Políticas. Por ello, ha afirmado que desconocía la diferencia entre un contrato de alta dirección y un contrato laboral -eran conceptos nuevos, ha afirmado- y la primera vez que los escuchó fue de boca de Vera.

Ha contado que contrató a Vera siguiendo una recomendación de su entonces jefe de gabinete, José Manuel Orengo, porque era «la persona idónea» al haber trabajado en causas de corrupción muy importantes, dado clases en la Universitat de València, tenía conocimiento de la empresa pública, «incluso tenía relación con el fiscal que llevaba Taula y uno de nuestros objetivos era colaborar con la Justicia».

Así, ha aclarado que como altos directivos debían cesar de forma automática cuando cesaran los gerentes y con una indemnización mínima, mientras que los contratos laborales de los diez directivos que había con el PP --en cuanto a funciones aunque no se les reconocieran como tales en los contratos y de los se despidió a ocho--, estaban «blindados» porque se los equiparaba a los representantes sindicales de forma que ante un despido había que preguntarles si querían una indemnización --mucho más alta-- o reingresar en la empresa. «Flaco favor se les ha hecho si había alguna voluntad aviesa», ha apuntado.

Rodríguez ha señalado cuando entraron Imelsa era «un enfermo terminal que necesitaba un equipo de cuidados intensivos» y atravesaban «una época oscura» al estar en pleno el caso Taula. Por ello, ha señalado que restructuraron las siete áreas que ya existían en la etapa anterior para ajustarlas al objeto social. «Primero la estructura, luego la definición de perfiles y por último la contratación, tras un proceso de selección con varios candidatos», ha señalado.

Al respecto, ha asegurado que él no recomendó a nadie, que lo único que tenía muy claro son los perfiles --quería personas formadas, ganas de trabajar y experiencia en ámbito local-- y que las anotaciones de Compromís y PSPV que aparecen de su puño y letra en una libreta se hacía referencia a qué partido dependía cada área. «En ningún momento puse ningún nombre, solo hablé de perfiles», ha insistido.

De hecho, ha señalado que de los contratos en 2015 solo conocía a Salvador Femenía por ser alcalde de Alquería de la Comtessa y a Miguel Ángel Ferri porque era responsable de una escuela-taller en Ontinyent que comenzó a funcionar con el anterior gobierno del PP. Los dos últimos nombramientos de 2018 no fueron contratos nuevos sino para cubrir las plazas dejadas por Femenía, que pasó a ser diputado, y por Ferri, nombrado gerente de Egevasa.

Rodríguez ha justificado los despidos de los directivos en una «muy difícil decisión» porque estaban realizando «un gran trabajo» porque «solo se hablaba de la Diputación en los medios de estos siete contratos y no podíamos permitir que se eclipsara el trabajo de tres años ni se utilzara como argumento para desprestigiar» a la institución. De hecho, ha señalado que prueba de su buen hacer es que Divalterra «solo pudo sobrevivir tres años tras la desaparición de los directivos».