Esta mercantil del ramo textil radicada en la comarca de la Vega Baja de Alicante fue declarada en concurso de acreedores -varias entidades bancarias, el organismo tributario municipal Suma y la Tesorería de la Seguridad Social- y a él sólo le quedó buscarse la vida como operario en diferentes empleos, aunque con esa auténtica hipoteca vitalicia para sus ingresos.
Ahora, por fortuna para Francisco, la Ley de Segunda Oportunidad le ha liberado de la carga. Un auto del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, en Elche, ha determinado la exoneración de estas deudas.
Desde el bufete Ölima Legal -donde han llevado este caso los abogados Adrián Roca y Joaquín Puch-, han detallado que desde el inicio de su actividad como empresario hace más de una década, los bancos requirieron de su aval de préstamos y créditos para circulante con los que financiaba la adquisición de maquinaria para la elaboración de prendas y la compra de existencias.
No obstante, debido a una crisis sectorial, justo antes de la pandemia del coronavirus, al entrar en el concurso de acreedores comenzaron las reclamaciones por ser avalista en esas operaciones con las entidades financieras, y muchas de ellas eran pólizas con efectos ejecutivos, lo que entrañó que Francisco vio cómo le embargaban sus cuentas bancarias y el salario de los nuevos trabajos que tuvo que buscar al cerrar su empresa, ahora ya como asalariado por cuenta ajena.
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