El exmarido de Mónica Oltra pide que se suspenda su ingreso en prisión tras recurrir al Constitucional

Tras poner en marcha la ejecución de la sentencia firme, ratificada en diciembre por el Supremo, el tribunal accedió a retrasar la entrada de Icardi en el centro penitenciario de Picassent, hasta el 16 de febrero, para que pudiera acudir a una cita médica.

Ahora, en un escrito dirigido a la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia, la defensa del exmarido de la vicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra mantiene que se han vulnerado los derechos fundamentales de su representado durante todo el procedimiento, por lo que ha llevado el caso ante el Constitucional.

Atendiendo a los más de dos años que el Supremo ha tardado en resolver el recurso de casación y al tiempo medio que prevé para esté órgano, «una eventual estimación del recurso tendrá lugar cuando haya cumplido ya una parte muy importante de la prisión», algo que «haría perder al amparo su finalidad», indica el documento consultado por ABC. En ese sentido, argumenta que el procesado nunca ha eludido la acción de la Justicia y que la suspensión de la condena no perjudica a terceros.

Icardi, que siempre se ha declarado inocente, solicitó sin éxito ante el Supremo su absolución o un tercer juicio con un tribunal distinto al de las dos ocasiones anteriores -en 2019 y 2021-, pues consideraba que su criterio ya estaba condicionado cuando aparecieron unos informes que ponían en duda la versión de la menor y se tuvo que repetir parcialmente la vista oral.

Pidió también que la víctima declarara de nuevo, algo que solo hizo en la primera ocasión. En caso de confirmarse la pena, el encausado planteaba que se disminuyera el tiempo en prisión por los retrasos que ha padecido el procedimiento -bajo la atenuante de dilaciones indebidas- y la reparación del daño, tras consignar una indemnización de 6.000 euros.

Además de los cinco años de cárcel, el condenado debe cumplir con la prohibición de acercase a menos de 200 metros o comunicarse con la víctima durante diez años, los mismos en los que estará inhabilitado para realizar cualquier trabajo que conlleve contacto con menores. Además, estará durante un lustro en régimen de libertad vigilada, con la obligación de participar en cursos formativos de educación sexual.