Las exigencias de Vox para apoyar los presupuestos de Mazón: rechazar el Pacto Verde Europeo y no aceptar más inmigrantes

En un comunicado, tras escuchar este lunes la declaración del líder del Gobierno valenciano, «en la que se ha comprometido a oponerse a las imposiciones ecologistas de Bruselas y a proteger a los valencianos de la inseguridad que trae consigo la inmigración irregular, masiva y desordenada», los diputados de Vox en el Parlamento autonómico muestran su «disposición a negociar unos presupuestos que sean buenos» para la Comunitat Valenciana y «para la reconstrucción que tanto urge en las zonas devastadas económica, social y moralmente por la gota fría; no para quienes viven de chiringuitos ideológicos, de imposiciones lingüísticas o de traficar con seres humanos».

En este sentido, consideran que estas cuentas deben incluir, «al menos», en materia de «inmigración ilegal» la eliminación de todas las subvenciones de ONG de apoyo a inmigración ilegal. «Ni un euro para ONG de apoyo a inmigración ilegal», dicen.

También piden «incorporar una partida presupuestaria para pruebas fiables de diagnóstico de edad de inmigrantes ilegales teniendo presente, además, que la Comunidad Valenciana no aceptará ni un mena más» y «reservar una partida para impulsar con Vox un plan de retorno de inmigrantes irregulares».

En materia de cooperación al desarrollo, las condiciones del partido de Abascal incluyen «acometer el mayor recorte del gasto en cooperación al desarrollo en la historia de la Comunidad Valenciana, de en torno a un 40%, un ahorro de más de 22,5 millones de euros, que irán destinados a la reconstrucción». «Y todo el dinero que se mantenga en esta partida se orientará a programas para contener la migración ilegal y para priorizar proyectos de empresas valencianas en el extranjero en ámbitos como el turismo, el comercio, artesanía...», enumeran.

En la misma línea, piden «eliminar por completo las subvenciones a entidades propalestinas -fin del convenio de 600.000 euros con UNRWA-, precisan.

Y frente a lo que denominan «imposiciones verdes y a favor del campo», abogan por quitar «todas las partidas destinadas a Agenda 2030 y Desarrollo Sostenible y suprimir todas las tasas derivadas del Pacto Verde».

En materia de «libertad lingüística», reclaman «recortar de forma significativa» el presupuesto de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, así como las subvenciones a la promoción del valenciano.

Otro de los ámbitos es lo que llaman «gasto superfluo e ideológico». Aquí apuestan por «una reducción significativa de las subvenciones a agentes sociales, chiringuitos ideológicos y de igualdad». A renglón seguido piden «suprimir todas las partidas destinadas a Memoria Histórica y mantener sólo las obligatorias para identificación de cadáveres bajo el epígrafe de la nueva Ley de Concordia». Un recorte de, al menos, el 40%, puntualizan.

Por lo que se refiere al sector público instrumental, quieren un «recorte significativo del presupuesto destinado a organismos autónomos, entidades de derecho público y sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios» y, «en defensa de la familia», reclaman «incrementar las deducciones fiscales por hijo, estableciendo prioridad nacional en el acceso a las ayudas» y contemplar «nuevas ayudas a la familia».

En el capítulo fiscal, sus exigencias pasan por incorporar rebajas significativas para los valencianos, como un recorte de dos puntos en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos, actualmente del 10%, que se aplicará entre 2025 y 2026, a razón de un punto por año; rebaja del tipo general del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados al 1,2%, que se aplicará entre 2025 y 2026, a razón de una décima por año; rebaja del tipo reducido en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 10% al 4% para transmisiones de parcelas con vocación agraria; ampliación de la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones a hermanos y sobrinos; equiparación del impuesto de Patrimonio al de grandes fortunas; supresión de todas las tasas a los pescadores de la Comunidad Valenciana y, además, PP y VOX acometerán a lo largo de 2025 una ambiciosa reforma del IRPF.

Por último, Vox explica en su comunicado que este partido «participará directamente» con la Generalitat en el plan de distribución de recursos para la reconstrucción tras la dana.

«Trabajaremos en un plan conjunto de reconstrucción y protección de la comunidad para relanzar la región, ayudar a rehacer sus vidas a todos los afectados y evitar o paliar los efectos de nuevas catástrofes naturales. Todo el dinero ahorrado en gasto superfluo se destinará a ayudar a la reconstrucción y a los afectados por la gota fría. La Generalidad asumirá las sanciones de Bruselas o Madrid para la limpieza de la vegetación de los cauces e impulsará su saneamiento y adecuación», concluyen.