El exgerente del PSOE valenciano admite ante la juez del caso Azud la financiación ilegal del partido

Cataluña fue, según la declaración del exgerente a la que ha tenido acceso ABC, quien contrató a los proveedores para esas campañas pese a que había dejado el cargo orgánico tres años antes –en 2004– porque «tenía la capacidad para poder hacerlo» y «sabía que esos trabajos no los iba a pagar el partido sino cualquier otra empresa». Martínez apuntaló también una de las sospechas de la Guardia Civil: Cataluña «siguió asesorando» a la Ejecutiva de la formación y al secretario de organización tras ser nombrado vicepresidente de Bancaja.

De hecho, el entonces gerente –dejó el puesto en 2012 pero sigue trabajando en el PSPV– mantenía con él «una relación como si fuera el secretario de administración, exactamente igual que con anterioridad al año 2004». Un extremo que confirmaría que Cataluña habría seguido operando en la sombra para conseguir fondos para la federación valenciana, como inciden los investigadores. Francisco Martínez –conocido como 'Paco Peseta'– aseguró a la juez que en ese momento desconocía la existencia de estas compañías y se enteró cuando alguno de los proveedores reclamó el pago de los servicios prestados y los puso en contacto con Cataluña para que se dirigieran directamente a él.

Fue entonces cuando recibió instrucciones del extesorero socialista para que se emitiesen las facturas a nombre de la empresa Gigante Edificaciones y Obras, una de las sociedades interpuestas a través de la cual se habrían abonado –con fondos del Grupo AXIS, del promotor inmobiliario Jaime Febrer– pagos del PSPV mediante facturación ficticia a cambio de adjudicaciones públicas.

En concreto, según un informe de la Benemérita, esta mercantil habría pagado gastos de 'merchandising' –80.000 chapas o 250.000 globos, entre otros– desarrollados por la firma Cronosport por valor de 33.367 euros para la campaña con la que Carmen Alborch quería arrebatar la vara de mando a Rita Barberá.

Una cuantía que se habría disparado hasta los 261.771 euros con la suma de las aportaciones de otras empresas de la trama. Bajo sospecha están también los 70.817 de la campaña de las generales de 2008 en la que María Teresa Fernández de la Vega fue cabeza de lista por Valencia.

El gerente «no llegó a ver ninguna factura», según su testimonio, porque los proveedores se las daban directamente a Cataluña. O bien «entendía que estaba cobrado» o Cataluña le decía que «ya lo habían pagado». La UCO ha comprobado que el partido no declaró estos artículos sufragados por Gigante en 2007 como gastos electorales ante el Tribunal de Cuentas. Aunque el delito de financiación ilegal de partidos no existía en ese momento –se incluyó en el Código Penal en 2015– y el delito electoral estaría prescrito, la juez sí puede investigar a los imputados –nueve en esta pieza separada de la macrocausa– por presunto cohecho, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo y organización criminal.

En su declaración, en este caso ante la Guardia Civil, Francisco Martínez confirmó el modus operandi de facturar a constructoras trabajos del partido. En ese sentido, Pepe Cataluña «decía cómo, cuándo y de qué forma había que cobrar». Mencionó, por ejemplo, un vídeo de campaña de la candidata socialista al Ayuntamiento de la capital del Turia que no cabía en el presupuesto y que cree que fue él mismo quien dijó a la productora que lo facturara a Gigante.

También el encargo de un refuerzo del 'mailing' –que los investigadores cifran en 102.080 euros– para otro partido político, Unión Valenciana, que en ese momento era el principal rival del PP en el bloque de la derecha. No obstante, según el relato del exgerente, Cataluña habría adquirido «un papel más secundario» a partir de octubre de ese año, cuando se nombró a una gestora en el partido. De cara a los comicios de 2011, Martínez fue designado de nuevo administrador de campaña, cargo al que renunció poco después porque «no se sentía cómodo» con el plan de gasto que se había previsto, superior al techo de gasto, aunque se corrigió.

El secretario general del PSPV-PSOE y presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, señaló ayer miércoles que su partido adoptó «decisiones muy tajantes» tras estallar el caso Azud y apartó a los presuntos responsables. Puig incidió en que los socialistas han abordado la supuesta trama de mordidas urbanísticas que operó entre 2009 y 2013 en Valencya y otros municipios «desde la seriedad y el rigor» y recalcó que se trata de una investigación que afecta a hechos de «hace más de 15 años», cuando gobernaba el PP.

Precisamente, el líder de los populares valencianos, Carlos Mazón, le pidió al jefe del Ejecutivo autonómico que «dé la cara» y «asuma responsabilidades políticas cuando se ha tirado años exigiéndoselas a los demás». Asimismo, reclamó que se active la comisión de investigación aprobada en junio en las Cortes Valencianas y que el PSPV bloqueará hasta que se levante todo el sumario.