«Que nadie tenga que examinarse en un idioma en contra de su voluntad»: denuncian imposiciones lingüísticas en la Universidad

A pocos días de comience el periodo de exámenes del primer cuatrimestre, los universitarios castellonenses exigen a la UJI poder realizar sus exámenes en el idioma que ellos prefieran «sin imposiciones, ya que, si esto no ocurre, «se pueden generar desigualdades entre aquellos que su lengua principal es la misma que la del examen y los que no», según ha afirmado el representante estudiantil Alejandro Sanz.

En el texto presentado ante los decanos, los alumnos alegan que puede estar produciéndose una discriminación entre los estudiantes en función del idioma contraviniendo los artículos 4 y 7 del Estatuto del Estudiante Universitario, que garantizan los derechos la igualdad de oportunidades y a no ser discriminados por razones idiomáticas o lingüísticas, así como el artículo 13 de la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, que habilita el uso de cualquiera de las lenguas oficiales en el territorio de la susodicha comunidad autónoma.

Ante esta situación, el órgano estudiantil insta a la universidad a que en todos los exámenes haya copias suficientes en los dos idiomas cooficiales de la Comunidad Valenciana a disposición de quien los solicite. Asimismo, recuerdan que «para traducir los cuestionarios, los profesores pueden acudir al Servicio de Lenguas de la propia universidad, que seguro que no tendrá ningún problema en traducirlos».

Igualmente, advierten de que el propósito de la petición es evitar «situaciones lesivas para con los derechos de todos los estudiantes que se han dado en años anteriores», aunque matizan que «en ningún caso fueron generalizadas».

Así, insisten en que en todas las pruebas finales el profesor acuda al aula con copias de los enunciados en castellano y valenciano y que «manifieste fehacientemente la posibilidad de realizar el examen en cualquiera de las dos lenguas oficiales». «Con esto creemos que se garantizarán los derechos civiles de toda la comunidad universitaria», concluyen los estudiantes.

Al respecto, la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos autonómicos aprobada por la Generalitat Valenciana incluye la ampliación del ámbito de actuación a las universidades públicas de la Oficina de Derechos Lingüísticos, bautizada por la oposición como «policía lingüística».

Ahora, una vez obtenido el rango de ley tras comenzar a funcionar por decreto en 2017 y ser parcialmente anulado por el Tribunal Supremo, su funcionamiento se extiende a las facultades, donde cualquier persona física podrá presentar una queja, sugerencia o consulta por discriminación, que en ningún caso será anónima. De este modo, la ODL deberá ejercer como mediadora entre ambas partes y podrá actuar de oficio aunque carente de poder sancionador.

En este sentido, entidades subvencionadas por el Gobierno de Ximo Puig como Plataforma per la Llengua iniciaron hace unos meses una campaña de difusión en internet para animar a los estudiantes a que denunciaran posibles situaciones de discriminación lingüística señalando a profesores que no utilicen el valenciano.

«¡Basta del 'en castellano para que nos entendamos todos'!», fue su eslogan principal. «Tienes todo el derecho del mundo a expresarte en la lengua que consideres en una aula. Si te obligan a hablar en castellano, ¡quéjate!», se detallaba en la web launiversitatencatala.cat. »Hay grados universitario en los que el valenciano está completamente vetado! Si detectas que en lugar de Valencia o Alicante, tu Universidad podría estar en Valladolid o Albacete, quéjate!», criticaba Plataforma per la Llengua en su portal.