«En español, que no estamos obligados a entender valenciano»: acusan a policías nacionales de discriminación lingüística

El primer caso ocurrió en Quart de Poblet (Valencia), donde según el relato de esta entidad, autodenominada la 'ONG del catalán', «no quieren atender en valenciano» y cuando el denunciante insistió en que quería mantener su conversación en este idioma oficial, «se le invita a esperar, sin especificarle que nadie le podrá atender».

La otra situación similar se presentó en Alcoy (Alicante), donde igualmente en dependencias de este Cuerpo de Seguridad del Estado «una ciudadana había llamado por teléfono por motivos laborales y el primer policía con el que habló le ha hecho cambiar al castellano porque no entendía el valenciano; el segundo también y le ha pedido que se expresase en castellano por el mismo motivo».

Finalmente, «sólo» ha podido comunicarse en su lengua de preferencia con un tercer agente, quien «ha argumentado que algunos de sus compañeros vienen de Madrid».

Aparte de en comisarías, la Plataforma per la Llengua denuncia también apunta a otra actuación similar de un policía nacional -de paisano- en el aeropuerto de Alicante-Elche, quien «se negó a atender a un usuario por hablar en valenciano».

En este informe a modo de balance, la entidad resalta el «éxito conseguido» después de «denunciar públicamente que la Policía Nacional recomendara ilegalmente el uso único del castellano en su página web, ya que el cuerpo policial rectificó en las semanas siguientes». Una modificación en internet que también lograron tras su reclamación porque «se negó la tramitación del primer DNI a un niño porque la documentación estaba en valenciano», tal como publicó ABC.

El conflicto se produjo en Paterna (Valencia) y además de la posible tensión para la familias, aquella preferencia al castellano propugnada hasta ese momento entrañaba el riesgo de retrasos para la tramitación de Documento Nacional de Identidad del menor de edad debido al tiempo para la traducción del Certificado de Nacimiento.

Como análisis general, la Plataforma per la Llengua ataca incluso a la Carta Magna: «Esta ideología inspira la Constitución Española, que hace oficial al castellano en todo el Estado y sólo permite la oficialidad de las otras lenguas en sus territorios respectivos, y el ordenamiento jurídico en general», opinan.

Tampoco consideran que el controvertido «requisito lingüístico» vigente en algunos ámbitos -si bien ahora se ha eliminado parcialmente en la Educación- tenga un peso real. «Por ejemplo, todos los ciudadanos y funcionarios tienen que saber castellano, pero la mayoría de los trabajadores públicos están exentos de saber valenciano, también en el País Valenciano», subrayan, empleando el término no oficial utilizado por el independentismo partidario de los llamados 'países catalanes'.