Entra en vigor la ley educativa de Mazón que acaba con la marginación del castellano

El proceso para revertir y suspender la inmersión lingüística a la catalana instaurada desde hace dos legislaturas por el anterior presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, y dirigida por Compromís -su socio- al frente de la Conselleria de Educación mediante la anterior Ley de Plurilingüismo, ahora derogada, se desarrollará en los dos próximos cursos escolares.

A partir del año académico 2024-2025, arranca en las zonas de predominio castellanohablante, después de una votación voluntaria en los consejos escolares de los centros, en la que han participado dos centenares de colegios e institutos, de los que más de la mitad (107) han decidido pasar del valenciano al castellano como lengua vehicular para el aprendizaje del conjunto de las materias, tal como publicó en exclusiva ABC.

Este primer paso del departamento del conseller popular José Antonio Rovira se ha agilizado por la vía de urgencia con la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de este ejercicio 2024, dentro de un paquete de normativas fiscales, porque a su juicio se trataba de la imposición más flagrante. Con la justificación del plurilingüismo, se daba la paradoja de que alumnos exentos de aprender valenciano, en cambio tenían que seguir en ese idioma las clases de otras materias troncales como Matemáticas.

No obstante, el objetivo declarado por Rovira es que ningún estudiante pida esa exención, porque todos deben conocer ambas lenguas, también y en especial en esos municipios más castellanohablante. Y para motivarles, esta nueva ley que hoy ve la luz y entra en vigor -aunque se aplicará a partir del curso escolar 2025-2026- homologa su escolarización con un título acreditativo y oficial de valenciano C1, siempre que completen su ciclo educativo con un 7 de nota.

Esta otra novedad, de las más trascendentales, significa de facto acabar con el requisito lingüístico del valenciano para ser funcionario en la Comunidad Valenciana, ya que los jóvenes no tendrán que someterse a los exigentes exámenes de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià para optar por la Administración como salida laboral, tal como ocurría hasta ahora.

Y se podrán acoger con carácter retroactivo todos lo alumnos que completaron su escolarización y cumplen ese requisito de la nota entre los años 2008 y 2010, según el ciclo educativo.

Junto con la libre elección de la lengua vehicular y esos certificados automáticos del nivel de valenciano tras concluir el Bachillerato, los estudiantes pasan ahora a poder elegir el idioma en el que realizan sus exámenes, otro aspecto demandado por muchas familias a título particular y que ha llegado en algunos casos a los tribunales, con la ayuda de la asociación Hablamos Español, de implantación en todas las Comunidades Autónomas con dos lenguas oficiales.

Esta flagrante marginación al castellano había dado lugar a casos especialmente injustos y discriminatorios en Valencia -publicados por ABC- como el de un adolescente en FP a quien prohibieron asistir a algunas clases y permanecía ese tiempo lectivo en un aula de castigo, por el simple hecho de pedir examinarse en castellano, su lengua materna, o el de un niño a quien suspendieron por la misma razón una prueba de la asignatura de Conocimiento del Medio en la que había sacado un 9 de nota. Como gesto de protesta, este alumno de nueve años de edad optó por realizar las evaluaciones posteriores en ambos idiomas, castellano y valenciano, en el mismo tiempo que sus compañeros cumplimentaban estos ejercicios, con el esfuerzo añadido de traducirse a sí mismo.

Inicialmente, esta libertad idiomática para las pruebas se planteó en el borrador para todas las etapas educativas menos Primaria, pero entre las enmiendas introducidas a petición de algunas asociaciones y plataformas, se ha hecho extensiva también para esos alumnos.

En cuanto a los libros de texto y el material curricular, los centros podrán mantener los que se utilizaban hasta ahora mientras siga vigente su Proyecto Lingüístico de Centro (PLC), y posteriormente cambiarlos si se ha votado ahora un nuevo idioma de base en el consejo escolar.

También este jueves en las Cortes Valencianas, las leyes reguladoras de la televisión autonómica À Punt y de la Agencia Antifraude, han salido adelante a propuesta de PP y Vox en su último debate y quedan aprobadas.

También en Baleares, con el cambio de signo político del Gobierno autonómico, se han aprobado cambios legislativos para revertir la inmersión lingüística, si bien Mazón ha ido más lejos que su compañera del PP Marga Prohens.

«En la Comunidad Valenciana entrará en su momento en vigor una ley que establece con claridad cuáles serán los derechos lingüísticos en la Enseñanza, mientras que en Baleares casi todo está en el aire; sólo sabemos que se tendrá en cuenta la lengua materna de los niños de 3 años, aunque no se aclara en qué medida», compara la presidenta de la asociación Hablamos Español, Gloria Lago.

«En los demás niveles, parece que nada cambiará por ahora, mientras que en la Comunidad Valenciana se trata de un sistema de porcentajes con poca diferencia entre las lenguas y muy alejado de la libertad de elección de lengua», opina esta docente.

A pesar de esta crítica, sí valora positivamente que «a última hora se ha conseguido que se incluya en la ley la posibilidad de hacer las pruebas evaluables en lengua materna en todos los niveles», en una de las enmiendas a propuesta de esta asociación con implantación en las Comunidades Autónomas con dos lenguas oficiales.

También ha destacado la «ayuda» de que se hayan publicado en ABC «los casos de víctimas de la discriminación asesoradas por Hablamos Español«. Y mira hacia el futuro para mejorar la ley valenciana. »Ahora queremos conseguir que esto se aplique ya, también en Baleares y que el próximo curso no haya ningún centro en estas comunidades con inmersión total obligatoria».

Lago denuncia que «en este momento, ni el birrioso 25% se está cumpliendo, pero seguiremos intentando que ambos gobiernos comprendan que el sistema de libertad de elección, el de líneas, es el único constitucional al 100%, positivo para los alumnos y que respeta los derechos de los hablantes de ambas comunidades lingüísticas, sea cual sea su lengua materna».