Enfermeros de discoteca: la nueva figura que reclaman los sanitarios valencianos para los casos de sumisión química

Al respecto, señala que se trata de un documento «imprescindible» tanto para las víctimas de estas agresiones -porque definirá cómo actuar en caso de que una mujer requiera de asistencia-, como para los enfermeros y resto de profesionales sanitarios que deben velar por la salud de la población.

Por ello, pide que la guía llegue antes de que finalice el verano la elevada concentración, durante el mes de agosto, de fiestas populares y festivales de música en las que se producen muchas aglomeraciones de jóvenes y que se amplíe el Protocolo de Atención Integral, Sanitaria y Judicial a Víctimas de Agresiones Sexuales de la Comunidad Valenciana, en vigor desde el año 2019, con la inclusión de la nueva realidad de estupefacientes que se utilizan para la sumisión química como el burundanga o el éxtasis líquido.

Desde el Colegio de Enfermería de Valencia se pide además que se contemple la enfermera de zona de ocio (o de discoteca) como figura para dar cobertura de cuidados a este tipo de atenciones.

Asimismo, el COENV considera que la Enfermería debe estar presente en las reuniones de trabajo de formación con los empresarios del sector del ocio, además de participar en la definición del Plan Director para centros educativos -con la enfermera escolar- en los que se debe formar a los jóvenes y prevenir cualquier tipo de agresiones sexuales.

El Colegio de Enfermería de Valencia insiste en que son los enfermeros los profesionales que deben tomar las muestras para los análisis toxicológicos (con muestras de sangre y orina) y para detectar la exposición a material biológico.

Por ello, recalca que deben conocer de primera mano el protocolo, que también debe incluir profilaxis de posexposición (PEP) -tomar medicamentos contra el VIH dentro de las 72 horas posteriores a una posible exposición a hepatitis C (VHC), sida (VIH) y otras enfermedades que se puedan haber contraído por el estado de la aguja-. Asimismo, debe establecerse una coordinación muy estrecha entre los servicios sanitarios y los servicios judiciales para descartar situaciones de psicosis o bulos.