Un empresario se expone a seis años de cárcel por emplear a tres extranjeros sin contrato ni Seguridad Social: «No sabían ni el sueldo»

Las investigaciones tuvieron su inicio a raíz de un control realizado en vía pública por una patrulla de seguridad ciudadana. Se dio el alto a un vehículo, tipo furgón de trabajo, encontrando en su interior a dos varones. Los ocupantes afirmaron que eran empleados de una empresa de toldos y que se dedicaban a su instalación, si bien, comprobaron que uno de los dos no estaría en disposición de permiso de trabajo e igualmente carecía de contrato laboral.

Tras lo acontecido, estas informaciones fueron trasladadas a las unidades de extranjería y fronteras de la Comisaría de Elche. Con ello, realizaron las indagaciones oportunas para conocer la estructura de la empresa y los trabajadores que se encontraban contratados en ella.

Aunada toda la información, se procedió a establecer un dispositivo para la práctica de una inspección en el interior del establecimiento, al objeto de comprobar la situación de los trabajadores. El dispositivo se realizó con la colaboración de la Inspección de Trabajo.

En el establecimiento se localizaron a dos ciudadanos extranjeros empleados, uno de ellos en situación irregular y el otro sin contar con el preceptivo permiso para trabajar, careciendo ambos de contrato laboral y alta en la Seguridad Social, así como un tercer ciudadano igualmente extranjero, residiendo legalmente, pero sin contar tampoco, con autorización para trabajar.

Todo ello dio lugar a que la Inspección de Trabajo iniciara un expediente sancionador al comercio. Asimismo, los agentes de la Policía Nacional, tras las comprobaciones pertinentes, procedieron a la detención del responsable de la sociedad por su presunta participación en un delito contra los derechos de los trabajadores.

A lo largo de la investigación, según el relato de una de las víctimas, se supo que durante las dos semanas que llevaba prestando servicios a la empresa, no tenía ni siquiera acordado un sueldo a percibir con el responsable. Quedó patente el ahorro para el empresario en lo relativo a las cotizaciones a la Seguridad Social y el aprovechamiento económico por parte del mismo, al permitir el trabajo a ciudadanos no habilitados y con los que no tiene que cumplir las obligaciones legales en cuanto a sueldos. Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Elche.

De acuerdo con el Código Penal, el delito contra los derechos de los trabajadores se tipifica de diferentes maneras. Entre ellas, se encuentra la imposición de condiciones ilegales en el trabajo, con penas previstas de 6 meses a 6 años de cárcel y multa de 6 a 12 meses, así como por tráfico ilegal de mano de obra, cuyas penas son cárcel de dos a cinco años y multa de 6 a 12 meses.