Una empresa renuncia a construir 227 viviendas de alquiler social en Valencia por las «insidias» del PSOE

Según confiesa la compañía en un comunicado, la polémica y el «ruido mediático» generado han hecho que se retiren del proyecto los inversores y, por tanto, «el aseguramiento de capital y la financiación externa previamente apalabrados que debían aportarse al proyecto por el que licitamos no han podido conseguirse».

En su escrito, la adjudicataria lamenta «con profunda decepción» verse obligada a retirarse de la licitación «a pesar de haber puesto toda la diligencia exigible para cumplir con todos los requisitos, lo que ha sido impedido por la maledicencia gratuita». La propuesta presentada por Nuevas Tecnología de Financiación al Ayuntamiento de Valencia estaba vinculada a un «proceso de negociación de la financiación ajena complementaria que se deberá justificar previamente, en su caso, a la adjudicación y firma del contrato, quedando la propuesta sujeta a este aseguramiento».

Tras haberse frustrado el citado apoyo financiero, previamente apalabrado, a causa de las manifestaciones públicas del portavoz del grupo municipal socialista, la compañía y su administrador se reservan «cuantas acciones civiles y penales, y muy especialmente de resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos y de protección del derecho al honor, nos correspondan», según confirman fuentes de la compañía.

La empresa lamenta también el daño social «irreparable» provocado por esta situación: «El proceso de construcción de 227 viviendas en Valencia sufrirá un grave retraso». De hecho, era la única empresa que se presentó al concurso público para construir cuatro edificios en la ciudad destinados al alquiler social: tres en el barrio de L'Olivereta y uno en la pedanía de La Torre. Este proyecto de vivienda social quedará ahora paralizado, en un momento de emergencia habitacional en la capital del Turia y de escasez de vivienda social.

La compañía ha reiterado de nuevo que el proceso ha sido un concurso público abierto a la concurrencia de empresas y ha rechazado las declaraciones del portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, tildándolas de «difamación vertida por un político que primero ha manifestado públicamente sospechas y, después, sin mayor motivo, las ha convertido en certezas, buscando una repercusión al servicio de sus propósitos políticos personales aun con perjuicio del bien público».

Aclara también que el administrador de la empresa, Javier Timoner, no ha ocupado ningún cargo directivo en ninguna empresa condenada por financiación irregular y no existe ningún motivo que impida a su empresa optar a contrataciones de la administración pública. Además, la empresa asegura que la rentabilidad económica de estos proyectos de vivienda social supone en torno al 4% de la inversión, un margen muy limitado que explica la baja concurrencia de empresas que optan a licitaciones de este tipo.

Hace dos semanas, el portavoz socialista Borja Sanjuan anunció que su formación llevaría al Síndic de Greuges y a la Agencia Antifraude «el pelotazo urbanístico de 155 millones» que la alcaldesa de la ciudad, «María José Catalá (PP), adjudicó a la empresa del marido de una diputada del PP, Alma Alfonso».

El grupo municipal socialista señaló que esta parlamentaria, «además de definirse como amiga personal, ocupa un cargo en la ejecutiva» del PP «en la ciudad» de Valencia, presidido por Catalá, y fue en su lista electoral para el consistorio.

El representante del PSOE remacó que «casualmente», el resto de firmas convocadas no se interesó «en un concurso con un beneficio para el adjudicatario que el propio Ayuntamiento ha cuantificado en 155 millones». «Fue el propio Ayuntamiento quien buscó a esta empresa bajo la que se encontraba Timoner, una persona que tiene una relación íntima con personas que están en este gobierno local», insistió.