Una empresa de Alicante se enfrenta a una multa de 1,75 millones de euros por comercializar casi 2.000 pilas falsificadas

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, el día 7 de julio, la Guardia Civil, a través de información procedente de la Unidad Central de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UCAIFF) y del Destacamento de Fiscal y Fronteras de Teruel, tuvo conocimiento de posibles irregularidades realizadas por una sociedad mercantil de la localidad alicantina de Crevillent. Para verificar esta información, la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de Santa Pola dio inicio a la operación.

Conforme avanzaban las investigaciones, se averiguó que dicha empresa vendía pilas falsificadas de una conocida marca, una práctica que suponía un perjuicio económico para la marca y un riesgo para los usuarios finales. Además, esta empresa se encontraba relacionada con otras cinco sociedades más que operaban de la misma forma que la investigada.

Días después, el 18 de julio, se procedió a la explotación de la operación, realizando diversos registros en las empresas investigadas, todos ellos en Crevillent. De estas actuaciones fueron intervenidas 1.961 pilas, supuestamente falsificadas, que estaban dispuestas para su venta directa, siendo retiradas del mercado.

Contrastada toda la información con la marca perjudicada, confirmaron que, efectivamente, los productos retirados se trataban de falsificaciones, por lo que los investigadores realizaron un ofrecimiento de acciones a los afectados.

Por estos hechos, la empresa investigada fue denunciada a la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, y al Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, dando cuenta a los organismos competentes.

Los responsables de las infracciones administrativas de contrabando se pueden enfrentar al cierre del establecimiento o la suspensión del ejercicio de la actividad, así como la incorrecta gestión de residuos puede acarrear multas de hasta 1.750.000 euros.

La Guardia Civil recuerda que adquirir este tipo de objetos falsificados, puede suponer un riesgo para la salud de los consumidores ya que se fabrican con metales pesados como plomo, cadmio o mercurio, y que, al ser falsificaciones, no hay ningún tipo de control de calidad en su fabricación.