Como ya informó ABC, el acuerdo sobre el «régimen compensatorio por cese de actividad» se cerró en octubre -pocos días antes de la dana- por unanimidad de todos los partidos políticos con representación: PP, PSPV-PSOE, Vox y Compromís.
Sin embargo, al no aprobarse los Presupuestos de la Generalitat de 2025 hasta el mes pasado, entró en vigor el viernes, cuando se publicó en el Boletín Oficial de Les Corts.
La prestación económica se percibirá dependiendo del tiempo de permanencia como parlamentario, siempre que no se reciba otra por cualquier actividad laboral o por jubilación, no sea funcionario, ni desempeñe un cargo electo o de libre designación. Un diputado que haya trabajado 18 meses como tal, tendrá derecho a seis meses de 'paro'. Aquellos que superen los 69 meses, podrán disfrutar del máximo: dos años.
«La cuantía será equivalente, únicamente, a la asignación reglamentaria -el salario base de 2.511,30 euros brutos al mes-, y excluirá los complementos por desempeño de cargo, dedicación exclusiva, indemnización por ejercicio de función y cuantos otros se recojan en los acuerdos de Mesa existentes, y su percepción estará sujeta al régimen fiscal correspondiente», indica el documento. Además, la institución asumirá el coste y la cotización a la Seguridad Social.
Las Cortes Valencianas eran uno de los pocos parlamentos cuyos diputados no gozaban de este derecho. En el Congreso, el Senado o los Ayuntamientos, los cargos electos sí cotizan a la Seguridad Social y, por tanto, tienen derecho a 'paro'. Para que los diputados autonómicos pudieran equipararse a ellos, sería necesaria una reforma normativa a nivel estatal.
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