La Diputación de Valencia asegura estar abierta a negociar con los bomberos «pero hasta el máximo que permita la ley»

«No podemos permitir que se incumpla la ley haciendo daño al patrimonio de todos los valencianos. Tenemos un margen que no fijamos nosotros», ha señalado Sáez, que también ha recordado que, el año pasado, «el Consorcio incumplió la regla fiscal en 5 millones de euros que computaron a la Diputación», y ha advertido de que ampliar ese margen solo sería posible «reduciendo drásticamente el presupuesto en otras áreas esenciales».

Según Sáez, la dana ha supuesto un gasto extraordinario para la Diputación, cuya totalidad se ha solicitado en varias ocasiones que no se tenga en cuenta para el cálculo de la regla fiscal, pero por el momento el Ministerio mantiene su inclusión. «Tenemos que ser realistas: el año que viene la Diputación va a incumplir las reglas fiscales y eso tiene consecuencias», ha apuntado, recordando que la institución «no tiene impuestos propios» y que la única vía de ajuste sería la reducción de gastos.

Uno de los elementos que, según el equipo de gobierno, está influyendo en el conflicto es el sistema de horas extra. Mascarell ha detallado que, durante los tres meses posteriores a la dana, algunos bomberos llegaron a percibir más de 40.000 euros en horas extra, con un total de 4 millones abonados en ese periodo por encima del anterior. De hecho, Sáez ha apuntillado que «igual ahora no pueden permitirse dejar de hacer horas extra por todas las que han cobrado y por eso están presionando».

En cuanto a la estructura de plantilla, la Diputación ha informado de que ya están creados los 900 puestos necesarios para cubrir el servicio, y que más de 200 se incorporarán a comienzos de 2026, tras la finalización de los procesos selectivos. El objetivo, han señalado, es reducir al mínimo la dependencia de las horas extra, que actualmente se retribuyen a unos 900 euros por guardia de 24 horas.

Por otro lado, Sáez y Mascarell han aireado los datos salariales de los bomberos que forman parte del Consorcio «para poner en contexto a la población y sin objetar su merecimiento», los cuales reflejan que catorce efectivos perciben más de 100.000 euros brutos al año; 18 entre 90.000 y 100.000; 40 entre 80.000 y 90.000; y 102 bomberos entre 70.000 y 80.000 euros, sumando salario y complementos.

El actual conflicto se enmarca en un preacuerdo alcanzado en marzo para destinar 9 millones de euros a mejoras salariales, incorporación de efectivos y renovación de material, que no superó el control de intervención porque «era inasumible». Desde entonces, ha habido varias propuestas por ambas partes.

La última, del pasado 28 de julio, planteaba cubrir las plazas pendientes y, a partir de 2027, contratar cada año 15 nuevos efectivos hasta alcanzar el número necesario para eliminar seis guardias anuales, ajustándose al límite de gasto fijado por el Ministerio. Además, incluía refuerzos de dotación este mismo año, un incremento retributivo escalonado durante tres ejercicios —con una subida de 1.200 euros por operario en 2026— y la incorporación de 30 nuevos efectivos entre 2030 y 2031. Si bien, fue rechazada por el 77 % de la plantilla en asamblea.

Mascarell ha insistido en que «nunca nos hemos levantado de la mesa» y que el equipo de gobierno está disponible «incluso en agosto» para seguir negociando. «Queremos que los bomberos estén bien pagados y trabajen a gusto, pero no podemos asumir presiones que sobrepasan el marco legal. La ciudadanía debe saber en qué contexto se está negociando», ha subrayado.

La Diputación ha reivindicado las inversiones ejecutadas en los dos últimos años en el Consorcio Provincial, que suman 17,5 millones frente a los 3,5 millones invertidos entre 2015 y 2017. Entre las actuaciones destaca la construcción del nuevo parque de Alzira por 11 millones, la compra de vehículos por valor de 7,5 millones y la inversión en maquinaria e informática, que se ha «multiplicado respecto a la legislatura anterior».

Asimismo, el remanente del Consorcio ha aumentado en 13 millones de euros desde 2019, pasando de 13 a 26 millones. Según el equipo de gobierno, estos fondos podrían haberse utilizado para inversiones durante la etapa anterior, pero no se ejecutaron.

En la actualidad, la huelga de celo provoca el cierre diario de una media de tres de los 17 parques de bomberos de la provincia. «Nuestra responsabilidad es cubrir todos los puestos de la plantilla para que todos los parques estén abiertos», ha recalcado Mascarell, quien ha pedido al colectivo que reconsidere su postura para garantizar la prestación del servicio al tiempo que ha lamentado el escrache sufrido este martes en Xeraco, municipio del que es alcalde y donde «no ha sentado nada bien el escrache en plenas fiestas populares».

Sáez ha concluido con un llamamiento a la «responsabilidad y transparencia» en la negociación: «Estamos dispuestos a ofrecer lo máximo que permite la ley, pero no podemos poner en riesgo otros servicios y ayudas a los municipios».