La Diputación de Castellón invertirá 1,9 millones de euros en mejorar el saneamiento y la depuración de aguas en toda la provincia

Bajo esa premisa, Barrachina ha presidido la Junta de Gobierno celebrada este martes en la que se ha aprobado la adjudicación del expediente de contratación de las obras de protección de la estación depuradora en Cabanes.

Así, Facsa ha sido la empresa adjudicataria y, por un importe de 1.073.622,44 euros, llevará a cabo la actuación que tiene un plazo de ejecución de doce meses. En este sentido, la obra se ejecutará durante 2024 y 2025 por lo que, para el presente ejercicio, la institución provincial dispone de 815.556,80 euros, mientras que para la próxima anualidad adquiere un compromiso de gasto futuro por importe de 258.065,64 euros.

Como ha explicado Barrachina, «la adjudicación del contrato supone dar un paso más para evitar las inundaciones, ya que la zona en la que se ubica la depuradora de Cabanes tiene una alta probabilidad de inundación en época de lluvias intensas».

Este es el motivo principal de las obras de protección de la depuradora, pues debido a la urbanización de la zona industrial adyacente, las instalaciones han quedado unos dos metros por debajo de la cota de la rasante final de la zona y, por ello, es más fácil su inundación. Asimismo, la depuradora de Cabanes está bordeada por un barranco susceptible de desbordarse.

«Contar con un adecuado suministro de agua potable es necesario para el desarrollo de nuestra provincia, sobre todo para los municipios de interior, igualando así las oportunidades en todo Castellón», ha afirmado la presidenta, que ha añadido que la Diputación «seguirá supliendo el déficit hídrico que pueda haber y garantizando los servicios básicos en todo el territorio».

En ese sentido, y dentro de la hoja marcada por la Diputación en cuanto a actuaciones en depuradoras de municipios con menos de 5.000 habitantes, la Junta de Gobierno ha aprobado el expediente de contratación de las obras de la estación depuradora Benlloch/Vilanova d'Alcolea, adjudicado a la UTE Facsa/Jujosa por importe total de 851.904,88 euros (IVA incluido).

Cabe recordar que la depuración de aguas residuales es una competencia municipal que lleva a cabo la Diputación desde 1994 para asistir a municipios de escasa capacidad técnica y económica, para lo que lleva a cabo la construcción, explotación y financiación de las estaciones depuradoras en base a convenios suscritos con la Generalitat Valenciana, bien firmados con la Entidad de Saneamiento —al tener ésta atribuida la gestión de la explotación de las instalaciones— o bien con los municipios solicitando a la Diputación la ejecución y financiación de sus instalaciones de saneamiento y depuración, cediendo su gestión a la corporación provincial.

En la actualidad, la ejecución de infraestructuras de saneamiento y depuración se realiza a través del Acuerdo suscrito el 2 de enero de 2018 entre la Generalitat Valenciana, la Entidad de Saneamiento y la Diputación Provincial de Castellón.

Además de las actuaciones previstas en depuradoras, que la presidenta de la Diputación Provincial de Castellón ha anunciado este mismo mes el incremento de un 25% el presupuesto para Emergencias Hídricas hasta alcanzar un millón de euros, lo que supone 200.000 euros más. Una partida económica con la que se podrán suplir las inversiones necesarias para actuaciones como el suministro de cubas, la reparación de averías, la captación de aguas o actuaciones sobre el bombeo, entre otras.

En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno celebrada este martes ha aprobado adjudicar a Telecso S.L. la contratación del servicio de mantenimiento de los equipos asociados en la telegestión del alumbrado público municipal con un importe máximo de 80.991,73 euros más 17.008,26 euros en concepto de IVA. Un contrato que se prolongará hasta el 2026.

Durante la sesión también se ha adjudicado a MB3 Gestión y Asesoramiento Técnico 2002 S.L., la contratación del servicio de asistencia técnica para el desarrollo del Plan Director y supervisión de contenidos de la Plataforma de Smart Villages de la Diputación por importe máximo de 62.294,43 euros al año. Un contrato con el que se quiere impulsar la digitalización de toda la provincia y convertirla así en un «territorio inteligente».